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Open Data no es una opción, es una necesidad



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Aún son muchas las Administraciones Públicas que ven la liberación de la información pública como una opción no prioritaria. Sin embargo, un rápido análisis de la realidad que está por venir haría que lo percibiesen como lo que realmente es, una necesidad. Estos son los tres argumentos que lo justifican:

  • Los presupuestos de las Administraciones Públicas están a la baja.
  • Las Administraciones no son precisamente un ejemplo de eficiencia en la innovación.
  • Las nuevas generaciones de ciudadanos exigen cada vez más tecnología en la vida cotidiana.


Respecto a los presupuestos no hay que decir gran cosa a cualquiera que haya estado en el planeta Tierra en los últimos cuatro años. Los presupuestos de las Administraciones, incluidos los referidos a TI, se reducen por efecto de la crisis y tal vez también porque hay una velada tendencia a aligerar la presencia de lo público.


La innovación en la Administración

Puede ser correcto que en ocasiones la Administración tome el testigo en ciertas áreas de I+D+i, fundamentalmente en aquellas en las que, siendo estratégicas, no hay ningún inversor privado interesado en ellas. Pero lo que no parece tener discusión es que las Administraciones Públicas, aún siendo eficaces, obtienen un menor rendimiento en innovación que las empresas privadas por cada euro invertido .

Solo dos ejemplos de I+D pública de Administraciones a las que se les supone eficacia y eficiencia.

La primera es la carrera por la secuenciación del genoma humano. A mediados del año 2000 Celera Genomics -una empresa privada- y National Human Genome Research Institute -una empresa pública- presentaron conjuntamente el manual que descifraba el genoma humano. Habían llegado al final del trabajo prácticamente al unísono. De hecho, muy al final decidieron unir fuerzas. Pero con una gran diferencia: Celera Genomics lo había hecho más rápido y por diez veces menos dinero que su homóloga pública.

El segundo ejemplo es referente a la NASA. En Mojave, un lugar que es a la industria espacial lo que Silicon Valley es a la de TI, están apareciendo empresas como Virgin Galactic -fundada por Richard Branson, dueño de Virgin-, SpaceX -fundada por Elon Musk, creador de PayPal-, Blue Origin -fundada por Jeff Bezos, padre de Amazon- o XCOR que trabajan para crear lanzaderas espaciales, hacer posible el turismo espacial o crear un puente aéreo entre la Tierra y otros planetas. Sus presupuestos son bastante menores de lo que la NASA necesita únicamente para la estructura de lanzamiento. Quizá por ello el transbordador Atlantis no haya tenido repuesto...

En el primer caso, la investigación pública estaba justificada para garantizar que ninguna empresa pudiera patentar el genoma humano, algo de consecuencias absolutamente impredecibles. En el segundo, la NASA tuvo su momento álgido cuando las inversiones eran tan extraordinarias que hacía los proyectos inviables para cualquier empresa privada, algo que ya no ocurre.

Pero si dos organizaciones públicas de perfil tan altamente innovador como estas han demostrado ser tan poco eficientes frente al sector privado, ¿se puede esperar una alta eficiencia en la innovación en organizaciones con perfiles más tradicionales?


Las nuevas generaciones

La irrupción de las nuevas generaciones -los nativos digitales- está provocando cambios a todos los niveles. En lo que respecta a la Administración, ésta tendrá que seguir desarrollando tecnologías para su consumo interno (para su propio funcionamiento) y ahora además tendrá que desarrollar tecnología para los eCiudadanos. Estos nuevos ciudadanos lo piden de hecho sin darse cuenta porque «si uno crece con una tecnología, no la considera tal. Simplemente está ahí» (Vint Cerf hablando de Internet).

Conceptos como el de SmartCity provocarán que las Administraciones tengan que hacer grandes esfuerzos inversores para dotar tecnología a todos los niveles de la vida cotidiana, desde la gestión inteligente -y eficiente- del consumo energético (consumo de edificios públicos, alumbrado de calles...) hasta la gestión smart de la ecología y calidad de vida (contaminación, alérgicos, ruido, recogida de basuras,...) pasando por la gestión eficiente de la circulación en las ciudades, transporte público, aparcamientos, etc.

Y todo ese esfuerzo inversor en innovación y nuevas tecnologías tendrá que hacerlo en una época de recortes presupuestarios y con unas estructuras internas que no son precisamente las más óptimas desde el punto de vista de la eficiencia innovadora.


Ergo...

Ese es el contexto en el que Open data puede ser una vía de escape. Liberar la información pública mediante estándares habilitará a empresas y particulares para desarrollar muchas de esas aplicaciones que los nuevos eCiudadanos utilizarán para mejorar su calidad de vida en las ciudades o incluso para ayudar a las Administraciones a ser más eficientes.

Hay un sector -el del transporte por las ciudades en sentido amplio- que es punta de lanza en todo este movimiento de Open data. La Administración puede hacer aplicaciones multi-plataforma (web, iPhone, Android, Windows Phone,...) para que los ciudadanos tengan información online sobre los medios de transporte, sobre donde aparcar, sobre cómo llegar,... o puede hacer accesible toda la información mediante estándares para que terceros (empresas y particulares) las creen.

Podría también liberar la ingente cantidad de información social, cultural, turística, sanitaria, económica,... de la que dispone con el objetivo de que otros le encuentren valor y creen nuevas aplicaciones. Esto permitiría a la Administración no tener que invertir para cubrir esos huecos.

Incluso podría liberar información sobre el pago de impuestos o solicitudes de licencias de todo tipo de forma que los propios ciudadanos hicieran de inspectores en la lucha contra el fraude. Puede parecer que algunas de estas iniciativas atentan contra la protección de datos de carácter personal (y sí, hay que tener las debidas cautelas) pero ya hay países que lo están poniendo en marcha como Italia o Noruega.

Lo más curioso de todo -o quizá no tanto- es que las Administraciones que comienzan a trabajar en este modelo son más eficientes, tienen un menor fondo de maniobra en tecnología y además se las percibe como más innovadoras (pese a que no desarrollan productos terminados sino servicios de base). Tal vez porque la innovación esté en permitir que otros lo hagan. Es todo un mundo por descubrir, quizá una nueva forma de entender la Administración Pública en la Red.


Enlaces relacionados:

     › Ejemplo de apertura máxima: Consulta el sueldo de cualquier noruego (para quien sepa Noruego).
    

Nota: únicamente con el objetivo de simplificar se incluye bajo el paraguas de Open Data la apertura de información de todo tipo, incluso modelos que encajarían más dentro de, por ejemplo, Gov Data u otros.

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Haciendo open data en modo low cost



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Mil seiscientos millones de euros y cinco mil puestos de trabajo.

Esa es la cifra de volumen de negocio y empleo que, según el Proyecto Aporta, generó durante 2010 el sector infomediario, entendiendo como tal al conjunto de empresas que generan aplicaciones, productos y/o servicios de valor añadido destinados a terceros a partir de la información del Sector Público.

Es decir, empresas que basan su modelo de negocio en información proveniente de modelos open data, de la apertura de datos públicos regulada por la Ley 37/2007.


Situación actual de los planes open data 

Hay una enorme cantidad de planes para abrir los datos públicos, casi tantos como Administraciones, y en muchos de los casos el modelo se basa en la creación de un portal adhoc que sirva como repositorio de los datos públicos en el ámbito de actuación de la Administración que lo pone en marcha.

Se trata de construir una aplicación -un portal de open data- que recolecte periódicamente la información desde el origen y la publique para su consumo por ciudadanos y empresas. Es una especie de agregador de noticias pero con información pública.

En este modelo la información no se consume directamente de la fuente primaria -es una copia de la información original- lo que, sin duda, no incide muy positivamente en la calidad del dato. Además, el trasiego de datos genera costes extras a la Administración, tanto para el paso periódico de datos en sí como para la adaptación de las interfaces cada vez que cambian las aplicaciones o bases de datos de origen. Eso, en el mejor de los casos en el que hay una fuerte coordinación interna en la Administración y el responsable del portal de open data es informado de que los datos de origen han cambiado -en calidad o formato-.


Un nuevo modelo low cost de dato abierto

La tecnología nos brinda la capacidad de hacer aplicaciones internas -de intranet- que a la vez pueden tener una cierta capacidad de visibilidad externa en Internet. ¿Y si se diseñasen las aplicaciones de la Administración de forma que expusieran los datos públicos por sí mismas? Con ese modelo, no harían falta los portales de open data porque todas las aplicaciones internas de la Administración expondrían su información (obviamente, solo la que sea pública).

De hecho, bien pensado, los servicios web (o el mecanismo que se determine para compartir la información) podrían reutilizarse de la base de los que la Administración ya está obligada a implementar para la interoperabilidad con otras Administraciones, siempre con las debidas cautelas de protección de la información, como es lógico.

Se obtendrían dos ventajas muy importantes.

  • Las administraciones públicas harían lo que Google denomina dog fooding, esto es, comerse su propia comida para perros. Si el dato no tiene utilidad para el consumo interno de la propia Administración, bien por el dato en sí o bien por el formato en el que se sirve, es más que discutible que el dato tenga validez para terceros.

    Hace unos días releía un interesante artículo de un colega que decía, aunque en otro contexto, lo siguiente: cuando decides dejar de hacer, y dedicarte sólo a pensar cómo se hacen las cosas, pronto descubres que la mejor forma de pensar es haciendo y si olvidas cómo se hace, pronto olvidas cómo se piensa. Si quien sirve el dato no es a su vez consumidor es enormemente complejo que lo sirva en un formato adecuado, simplemente porque no se sufrirá a sí mismo. De hecho, no cuesta demasiado encontrar portales públicos de open data con datasets que parecen estar pensados únicamente para hacer ruido mediático y llenar el portal y no para ser reutilizados.


  • Aumentaría la eficiencia y la calidad del dato ya que no habría copias de datos a terceros portales. El dato vendría en tiempo real de la aplicación interna de gestión por lo que, por pura necesidad de la Administración, el dato sería siempre cierto y el modo de generación sería el más eficiente posible.

    Este punto es especialmente importante ya que cuando los presupuestos para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones se recortan es probable que lo primero que se caiga sean las aplicaciones que no son core para el funcionamiento interno de la Administración. Las aplicaciones de open data estarán en el punto de mira para el recorte lo que provocará una espiral de desconfianza: ninguna empresa infomediaria en su sano juicio diseñará un modelo de negocio sobre información que podrá estar o no estar disponible de forma discrecional.

    Sin embargo, si la aplicación interna de gestión y la de open data son la misma no habrá presupuesto extra para su mantenimiento. El dato siempre estará disponible y al día sin coste adicional.



El objetivo del open data

La Administración debería centrarse mucho más en compartir toda la información pública disponible (tiene mucha en cantidad y calidad) y no tanto en la creación de portales para su publicación. Fundamentalmente, porque lo relevante es abrir cuanta más información mejor y no que ésta sea publicada en el portal de tal o cual Administración.

Nadie más que la Administración puede hacer pública su información pública (obvio) pero cualquiera puede hacer -incluso los propios infomediarios- portales de integración. Es más, Google -y otros- demuestran una vez tras otra que son mejores agregadores de información que la más eficiente de las Administraciones que pueda imaginarse.

Entonces, ¿por qué empezar la casa por el tejado anunciando portales de open data a bombo y platillo?

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El extraño benchmarking de TI de las Administraciones Públicas



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El benchmarking es, posiblemente, una de las mejores herramientas para conseguir mejoras en el funcionamiento de cualquier organización, pública o privada. Y aún más en el caso de las públicas que, por su propia idiosincrasia, no están sometidas directamente al rigor del día a día del mercado*.

En ese escenario, compararse con otras Administraciones puede ser un excelente mecanismo para medir la calidad y cantidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

Pero para que los resultados sean válidos es imprescindible que los elementos a medir sean relevantes (Perogrullo dixit).



La Administración Pública y el benchmarking de TI

A mediados de Julio la Fundación Orange presentaba su informe anual sobre la Sociedad de la Información y como anexos al informe se facilitaban dos documentos sobre los servicios públicos online en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. La información de los anexos es realmente relevante para conocer la situación de cada Administración dentro del mapa global pero, ¿es apropiado lo que se mide?

El informe asocia un mayor desarrollo de la sociedad de la información en la Administración con el número de procedimientos administrativos disponibles online lo que, en principio, podría parecer correcto. A fin de cuentas, llevando las TI al mundo real, sería razonablemente equivalente a comparar el nivel de infraestructuras de un país en base al número de kilómetros de autopistas, aeropuertos o líneas de tren de alta velocidad. Así, el informe asigna la máxima puntuación a quien mantiene online los 20 procedimientos seleccionados.

Pero hay algo que se está pasando por alto: el nivel de utilización de las vías telemáticas para relacionarse con la Administración es realmente ínfimo.

El gráfico adjunto -extraído de los datos del informe- muestra a las claras que muchos de los trámites analizados tienen un nivel de aceptación menor del cinco por ciento.

Volviendo al símil del mundo real, esto sería equivalente a que se construyesen enormes autopistas por las que apenas circulase algún coche y además se premiase a quienes más infraestructuras de este tipo pusieran en marcha. Probablemente, alguien se cuestionaría si eran necesarias.


¿Qué prefieren los ciudadanos?

Los ciudadanos muestran claramente su predilección por el canal presencial relegando al canal telemático a un porcentaje realmente pequeño, en ocasiones prácticamente comparable con el vetusto y con imagen de poco techie canal telefónico.

Es muy significativo que incluso en la pura obtención de información, algo en lo que la Web es especialmente potente, el ciudadano prefiera el canal presencial frente al telemático con una diferencia del cien por cien.

Ante estas evidencias, ¿no sería razonable añadir a los parámetros del benchmarking alguna referencia al éxito en la utilización por parte de la ciudadanía, al rendimiento por euro invertido o cualquier otro indicador que permita medir de verdad el estado de la sociedad de la información en las Administraciones Públicas? Valorando parámetros adicionales se obligaría a las Administraciones a analizar las causas del bajo éxito a fin de mejorar los niveles de utilización y satisfacción. En definitiva, se podría medir la calidad además de la cantidad.

Se han hecho enormes esfuerzos para poner online una parte muy importante de la tramitación administrativa pero algo se está pasando por alto si la ciudadanía no utiliza estas nuevas herramientas. Algunas de las razones son: (a completar entre todos).

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El software ¿y la democracia?



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Hace unas semanas, en Microsoft: el mayor impulsor del software libre, se analizaban los orígenes del software libre, su vertiginoso crecimiento y como el vacío creado en el mercado fue aprovechado por un nuevo agente, la comunidad, para crear un retador creíble frente al establishment.

Después, en Y el software libre se hizo negocio... se analizó la situación actual del software libre, un mercado formado casi en exclusiva por empresas que se abrazan a este tipo de software por diferentes razones, todas ellas unidas por un denominador común: Business is business.

Hoy toca hablar sobre la miopía de algunas administraciones públicas a la hora de lanzar proyectos basados en software libre, bien sea para crear un sistema operativo con el que parecen querer competir con los grandes fabricantes del software, bien para reservar partidas económicas para consumo exclusivo en software libre o bien para lanzar oficinas de apoyo o impulso a este tipo de software. Intentaremos demostrar como lejos de ayudar, hacen un flaco favor a su impulso real en la sociedad, porque no hay nada peor para cualquier producto o servicio que hacerle crecer de forma artificial sin enfrentarle a la competencia de los Mercados.

El doble papel de la Administración frente al software libre

El papel de las administraciones públicas frente al software libre debe medirse desde dos puntos de vista completamente diferenciados. En primer lugar, el obvio, el de su uso a nivel interno. Debe analizarse su comportamiento ante él en términos de coste total de propiedad y aportación de valor tal y como lo haría una corporación privada. En segundo lugar debe analizarse su postura (apoyo, rechazo o no interferencia) desde una perspectiva institucional.

Vayamos con el primer punto que es el más simple. Cabe pensar que no hay razón aparente para que las administraciones públicas tengan un comportamiento frente al software libre diferente al que pudiese tener una compañía privada. En ese sentido, deben medir este tipo de industria de acuerdo a los mismos parámetros, valorando el software en función de su coste total y aportación de valor y no de su procedencia, si bien es posible que añadan algún parámetro adicional.

Un ejemplo de parámetro adicional es el apoyo a las lenguas minoritarias. Qué duda cabe que una compañía de TI no tendrá demasiado interés en traducir sus productos a lenguas minoritarias cuando el esfuerzo para hacerlo resulte superior a la rentabilidad esperada. Eso parece lógico, siempre y cuando el interés y la rentabilidad atiendan a parámetros puramente económicos. Pero ¿qué ocurre cuando la comunidad de software libre dice que sí está dispuesta a traducir a esos idiomas sus productos equivalentes?

Cuando eso ocurre y la Administración en cuestión amenaza con cambiar a productos de software libre sucede que, súbitamente, los grandes fabricantes de TI muestran un enorme interés por las lenguas minoritarias. La competencia hace que los mercados evolucionen.

Volviendo de nuevo a la cuestión esencial, las Administraciones Públicas, cuando se trata de su uso a nivel interno, deberían tratar al software libre como a un competidor más, midiendo las ventajas y desventajas de su uso tal y como lo haría la empresa privada. En palabras de la Ley de contratos del sector público, dando prioridad a la opción más económicamente ventajosa que, tal y como indica la propia Ley, no es necesariamente la más barata sino la que tiene una mejor relación calidad-precio.

Posición institucional frente al software libre

Parece obvio que no hay razón para rechazar institucionalmente al software libre. Resultaría extraño que una administración pública rechazase una nueva forma de industria. Por tanto, la cuestión se centra en si debe impulsarlo o debe ser neutral. Para ello, se analizarán las potenciales ventajas desde el punto de vista de creación de tejido industrial y aumento de las inversiones locales, la balanza comercial con el exterior y la percepción de mayor democracia y libertades.

La mayor parte de las grandes compañías de software plantean modelos según los cuales ellas ponen el software y el conocimiento del producto a alto nivel dejando a los integradores locales el trabajo de adaptación, implantación y mantenimiento. Este es el modelo de compañías como, por ejemplo, IBM, HP, SAP, Oracle o Microsoft que rara vez compiten en proyectos con los integradores locales. Con ello consiguen centrarse en lo esencial –su producto- cuidando y protegiendo al mismo tiempo el negocio de los integradores que les hacen la labor comercial frente a sus potenciales clientes. Se consigue así una simbiosis entre fabricante e integrador que parece ser de interés para ambos.

En el caso del software libre a nivel empresarial el modelo es exactamente el mismo e incluso aún más potenciado. Por tanto, desde el punto de vista de aumento del tejido industrial e inversiones no parece haber grandes diferencias respecto a cuál de los dos modelos es mejor. Ambos trabajan con integradores que crean empleo y tributan localmente. Lo sé, lo sé, las licencias no tributan localmente pero seamos pacientes que ahora vamos con ello.

En cuanto a las licencias cabe analizar la balanza de pagos frente a los países donde residen las compañías de software. Es obvio que en disposición de escoger cualquiera elegiría no tener que hacer frente a pagos exteriores dado que esto mejoraría la balanza comercial con esos países que, en el caso de la industria del software, son principalmente EEUU y algún país europeo –Alemania y Reino Unido- a una enorme distancia.

La historia está repleta de casos en los que un bloqueo fronterizo resulta de interés en el corto plazo pero realmente nefasto en el medio y largo. Potenciar el software libre por el mero hecho de no empeorar la balanza de pagos (asumamos en este supuesto que el software comercial es de mayor calidad) provocaría inevitablemente un corralito tecnológico (en referencia al corralito financiero argentino) en la medida en que las empresas locales tendrían acceso a peor tecnología que las exteriores.
Esta forma de actuación, en una economía globalizada, provocaría una espiral de empeoramiento tecnológico que mermaría la productividad global de la zona de influencia de la administración pública. Sería una muy curiosa forma de generar tejido industrial la de esa Administración, porque desarrollo tecnológico y productividad están absolutamente relacionados. Si se dispone de peor tecnología se están sentando las bases para una peor productividad, ergo peor competitividad con las empresas extranjeras, ergo se va directo al abismo.

Pero, sin ser poco lo anterior, aún hay más. Primar un determinado producto o servicio en función del lugar de su producción y no en función de su calidad es una forma muy sutil de control arancelario. En ese sentido, dejando de lado el hecho de que podría no estar conforme a las normas internacionales sobre libre comercio, ni a la Directiva que regula la libre circulación de bienes y servicios en la UE, ni a la Ley que regula la contratación en el sector público (LCSP) y no valorando tampoco el hipotético empeoramiento tecnológico indicando anteriormente, la historia demuestra que la política de no importar es también una política de no exportar. Uno de los teoremas más importantes de la Teoría del Comercio (Abba Lerner, 1936) demostró que el gravamen sobre las importaciones es exactamente equivalente al gravamen sobre las exportaciones. En ese sentido, la decisión de primar un determinado software en función de su producción interna no beneficia en modo alguno al conjunto del PIB visto de modo global. Nuevamente, curiosa forma de generar riqueza la de esa Administración.

Finalmente, se llega a la cuestión por la que, desgraciadamente, con mayor frecuencia aparece el software libre en los medios de comunicación: líderes políticos esgrimiendo el aumento de la democracia tecnológica asociado al software libre. A modo de ejemplo se incluye este link sobre software sostenible y democrático (ahí es nada) como muestra de despropósito mediático. Se cita un enlace pero se cuentan por toneladas en Internet; propongo la búsqueda "software democracia" si se tiene tiempo libre para leer absolutos sinsentidos.

La cuestión de fondo es dilucidar si es lícito usar los derechos de copyright como medio para garantizar el negocio. Si en lugar de software se hablase de terrenos resultaría escandaloso negar el derecho a la propiedad privada. Bien es cierto que hay una diferencia fundamental entre un terreno y el software: si alguien cede, vende o regala un terreno deja de tenerlo. Sin embargo, si alguien cede, vende o regala un software ambos lo tienen. Maximizando este razonamiento de que lo intangible no puede tener derechos de propiedad han proliferado líderes políticos y sociales que abanderan el software libre como una nueva forma de democracia.

En un elevado número de ocasiones –aunque por supuesto no siempre es cierto- estos líderes trabajan en regiones sin pasado tecnológico que habitualmente corresponden a zonas no precisamente en la cúspide de la renta per cápita. Y hay varias explicaciones para que esto sea así. La primera es que todos esos lugares no parten de una potente infraestructura de TI previa y por tanto los costes de arrastre en el caso de una migración (afectan y mucho al TCO) son prácticamente inexistentes. La segunda es que no disponen de músculo financiero para abordar fuertes inversiones en TI y ven en el software libre una forma de iniciar el trayecto. Y la tercera, y preocupante, es que intentan buscar réditos mediáticos asociando el software libre a un aumento de las libertades.

Pongamos un ejemplo: la Junta de Extremadura. Su decidida apuesta por las tecnologías de software libre, vendidas políticamente a bombo y platillo como una nueva forma de entender la sociedad en la que el ciudadano tendría mayores cotas de libertad y democracia, no se han visto adecuadamente correspondidas a tenor de las cifras ofrecidas por varios organismos del Estado. En concreto, se encuentra a la cola de indicadores como el número de patentes, empresas y personas ocupadas en sectores de alta tecnología, número de doctorados o inversión en I+D.

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Estadísticas de Propiedad Industrial.

Fuente. INE. Ocupados en sectores de alta tecnología por Comunidades Autónomas y sectores

Fuente: INE. Principales indicadores de I+D en los sectores de alta tecnología por Comunidades Autónomas, tipo de indicador y total / %

Es decir, la decisión de fomentar el software libre no se acompañó de un plan real para potenciar la tecnología, lo que, en la práctica deja el discurso inicial en algo bastante cercano al simple juego político.

Como añadido, resulta cuando menos curioso que el tejido industrial de Extremadura no haya seguido la línea emprendida por sus dirigentes a tenor de los datos del INE, donde se muestra que las empresas Extremeñas, en clara contraposición a sus líderes políticos, no son demasiado proclives al uso del Linux. En esta comparativa Extremadura es la Comunidad Autónoma con menor presencia de Linux en las empresas y es tan solo superada en orden descendente por Castilla-La Mancha.

Fuente: INE. Variables de uso de TIC (a enero de 2008) por comunidad autónoma

¿Cabría entonces preguntarse si los empresarios extremeños no han sabido ver ni entender las enormes ventajas asociadas al uso de Linux tal y como fueron anunciadas por sus dirigentes?

Tras el análisis de estos indicadores cuesta pensar que el software libre traerá más libertad y democracia a los ciudadanos de Extremadura tal y como aventuraban algunos de sus líderes políticos hace tan solo unos años.

Por el contrario, otras administraciones optarán por soluciones de software comercial y no por ello se le deberá dejar de exigir el mismo respeto a los estándares. Independientemente de la tecnología con la que esté desarrollada la solución, el usuario, en este caso el ciudadano, deberá tener la libertad para acceder a los sistemas de la e-Administración con las herramientas –Open Source o no- que él libremente decida. Es decir, independientemente de que la solución esté basada en tecnología de IBM, Microsoft, SAP, Oracle o de cualquier otro fabricante, el usuario deberá ser libre para decidir si su conexión se realiza con Internet Explorer, Firefox, Chrome o lo que él soberanamente decida.

Ambas alternativas, la de optar por una plataforma de software libre como la de optar por una plataforma liderada por una empresa tradicional, tienen la misma validez siempre que ambas hayan sido tomadas en base a argumentos técnicos y económicos y no a supuestos ideológicos.

Parece claro, por tanto, que las Administraciones Públicas deben tratar de ser neutrales en este mercado, sin favorecer ni perjudicar al software comercial ni al software libre que, en definitiva, no ha de olvidarse, es una forma diferente de industria -soportada por empresas- del software.

Conclusiones

Para su despegue definitivo es preciso que las decisiones respecto a la implantación del software libre se separen de forma inequívoca de cualquier razonamiento que no tenga su fundamento en la excelencia técnica, en la eficiencia y en el alineamiento estratégico con las empresas. Y para ello es preciso desmarcarse de ideologías que no hacen sino sembrar dudas en un mercado –el de la informática corporativa- poco dado a aventuras frente a tecnologías probadas y maduras salvo que las ventajas para el negocio sean incuestionables.

El software libre es un negocio apoyado por una nueva forma de industria que debe ser medido de acuerdo a los parámetros habituales de rentabilidad. Eliminar esa ilógica relación entre ideologías –cualesquiera que sean- y software permitirá eliminar esa aureola underground que aún hoy le rodea. Esto, sin duda, hará que muchos directores de sistemas valoren el software libre de calidad, que lo hay y mucho, por lo que realmente es importante: su calidad. Y el software libre que no sea de calidad –que también lo hay- simplemente desaparecerá. Exactamente igual que lo que ocurre con el software comercial.

La Administración debe garantizar la libre decisión del ciudadano a la hora de elegir software libre o comercial. En ese sentido, los sistemas de la próxima e-Administración deben ser totalmente compatibles con, por ejemplo, los navegadores Firefox, Internet Explorer, Chrome o cualquier otro que irrumpa en escena y tenga un porcentaje de mercado significativo. Igualmente, la documentación debe ser intercambiada en formatos de herramientas ofimáticas soportadas por estándares de mercado cuando sean de aplicación.

Sin embargo, este principio no es de aplicación cuando de lo que se trata es de definir la tecnología con la que dichos sistemas de e-Administración deben ser construidos. En ese caso, cada Administración, en función de sus necesidades tecnológicas y de las herramientas que el mercado en sentido amplio ponga a su disposición, deberá seleccionar la solución que mejor se adapta a sus planteamientos. Y la elección no debería estar basada en si el software es libre o no sino en qué software es el más adecuado técnica y económicamente en cada caso. Por ello se debe dar a, por ejemplo, Linux, Firefox, Chrome, OpenOffice o MySQL el mismo trato que se dispense a AIX, HP-UX, zOS, Windows, Internet Explorer, Office, Oracle o DB2.

Sería deseable que el software libre dejase de ser utilizado como sinónimo de Administración más abierta, más accesible o más democrática dado que relacionar ambos conceptos tiene bastante poco rigor. La presencia o ausencia de ésta -una Administración y una sociedad abiertas, accesibles y democráticas- poco o nada tiene que ver con la presencia o ausencia de un tipo de software en concreto. La tecnología, buena o mala, difícilmente crea mayores cotas de libertad o democracia. Es la utilización de esa tecnología por parte de las personas la que hace aumentar o disminuir los niveles de bienestar social; y mezclar ética con tecnología es un cóctel complejo de gestionar. Por tanto, no parece apropiado continuar con el discurso respecto a si es más ético utilizar software libre o no libre o si la Administración debería primar a uno u otro.

Re-conclusiones

En este post, más incluso que en anteriores, he intentando ser absolutamente respetuoso con todas las ideas. No obstante, estoy convencido de que habrá quien lo interprete como un ataque al software libre. A todos ellos les pediría que vuelvan a leerlo con un poco más de atención y en su caso repasen dos lecturas previas en Microsoft: el mayor impulsor del software libre y Y el software libre se hizo negocio...
Si después de eso siguen considerando que es un ataque al software libre les pido disculpas porque no era esa mi intención y de ser así no he conseguido expresarme con la suficiente claridad.

La idea final es que potenciar el software libre de forma artificial por razones políticas es un curiosa forma de hacerle daño porque tan pronto como el interés político y su foco mediático desaparezcan (y tarde o temprano lo harán) entrará en caída libre. Los dirigentes políticos deberían potenciar siempre la mejor tecnología que esté al alcance (si es libre perfecto y si no lo es también perfecto) porque será esa la forma de aumentar la productividad y con ello la riqueza y bienestar social de su área de influencia. Es decir, las decisiones técnicas deben estar basadas en los mismos criterios que siempre han sido de relevancia: los criterios técnicos. La cita es, nuevamente, de nuestro buen amigo Perogrullo.

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DNI electrónico, luces y sombras



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A finales de 2003, hace ya casi siete años, se publicó la LEY 59/2003, DE 19 DE DICIEMBRE, DE FIRMA ELECTRÓNICA que nacía con la intención de regular la firma electrónica y como una de sus principales derivadas la expedición del DNI electrónico o DNI-e.

Así, en marzo de 2006 se inicia la expedición de los nuevos documentos digitales incluyendo el chip además de otras medidas de seguridad probablemente menos conocidas como hologramas, letras táctiles, imágenes láser o imágenes codificadas. El marco temporal en el que se entendía que la mayoría de los ciudadanos tendrían ya el DNI electrónico era de aproximadamente cuatro años coincidiendo así con el fin de la moratoria de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Sin embargo, cuatro años después de su inicio la situación es bastante menos optimista que la idílica visión que se lanzaba desde medios oficiales. El despliegue cubre aproximadamente a 18 millones de ciudadanos de los que según el INE únicamente el 3,4% lo ha usado alguna vez frente a la Administración. La inversión aproximada para ello ronda los 350 millones de euros (más de 58.200 millones de pesetas para los que aún les cueste hacer conversiones en el aire de cantidades tan abultadas), todo ello, sin contar las importantísimas partidas económicas necesarias para hacer que el DNI electrónico sea reconocido como medio de identificación en los sistemas de las diferentes Administraciones Públicas.

Haciendo unos simples, aunque un tanto perversos, cálculos resulta que el coste (sobre la base de 18 MM de ciudadanos) del DNI electrónico es de casi 20 € por persona. Y más aún si se calcula el coste de los que realmente lo han usado alguna vez (3,4% de 18 MM) dado que en ese caso la cifra sube a 572 € (en torno a 95.000 pesetas, por si en euros no resulta impactante) por ciudadano. En términos de un economista, ese sería el coste de oportunidad (572 € por ciudadano) que habría que recuperar, fundamentalmente en términos de mejora de la eficiencia en la gestión administrativa, para hacer rentable un despliegue masivo de certificados digitales en el DNI.

Por comparar, las cifras que maneja el sector financiero en sus despliegues de tarjetas sitúa el coste en algo menos de 2 € por tarjeta a repartir casi a partes iguales entre lo puramente físico (el plástico más el chip) y la personalización incluyendo en ello la parte electrónica. Los resultados no son exactamente comparables al no ser idéntica la funcionalidad de una tarjeta financiera y un DNIe -por ejemplo, el DNI lleva sistemas anti-falsificación adicionales, el certificado es diferente,...- pero aún así son bastantes esclarecedores.

Se hace difícil pensar que en el corto plazo se vaya a producir ese retorno de la inversión dado que para que el DNI electrónico tenga verdadero éxito es preciso que existan aplicaciones preparadas para él, tanto en el ámbito público como en el privado. Y si en el público aún no hay grandes bolsas de aplicaciones, en el ámbito privado la situación es aún mucho peor. Muy pocos sitios de compra online o grandes almacenes en su versión digital -por no decir ninguno- admiten el DNI electrónico como mecanismo de identificación y no repudio en las compras. La mayor parte prefieren admitir las tarjetas propias o las tarjetas de las entidades de crédito pese a ser en gran medida más inseguras al estar basadas únicamente en 'información que se sabe y no se tiene', concepto que posteriormente se explicará.

Dos ideas básicas de la seguridad, solo dos

La primera es que la seguridad online (y no online) debe estar basada en un doble factor: algo que se sabe y algo que se tiene. Algo del mundo de los átomos y algo del mundo de los bits. Es decir, el sistema debe estar sustentado en que para burlar las medidas preventivas no baste con tener algo que solo tiene la persona a suplantar y/o saber algo que solo él debería saber. Deben darse las dos premisas.
Este es el gran problema del fraude de tarjetas por Internet dado que todo lo que, en general, se solicita para realizar una compra online está dentro del ámbito de lo que se sabe (número de tarjeta y fecha de caducidad) y no de lo que se tiene. Así, un pequeño troyano en el ordenador de la víctima es capaz de extraer esta información tan pronto como el usuario haga su primera compra online.
Y ahí es donde el chip del DNI electrónico entra en escena al añadir el 'algo que se tiene': un certificado que no puede ser exportado del DNI que lo contiene.

Pero, lógicamente, hay otras formas de cumplir la premisa de lo que se tiene. Así, PayPal y cada vez más entidades financieras lo solventan con mensajes SMS al móvil que requieren respuesta (el móvil actúa en ese caso como elemento único de la persona), la tarjeta de barcos clásicas de las entidades financieras o elementos de doble factor como el Token RSA.

La segunda premisa básica de la seguridad se basa en que la seguridad debe entenderse como una cadena y el nivel de robustez en su conjunto debe ser medido en base al más débil de sus eslabones.

Esto es lo que probablemente no entendieron demasiado bien las primeras empresas que comenzaron a exponer su tramitación por la Red, fundamentalmente la banca, dado que pese a blindar sus sistemas -no se conocen grandes fraudes online originados en los sistemas de las propias entidades financieras- descuidaron en gran medida al eslabón más débil: la seguridad de los PCs de acceso de sus clientes.

De ahí que una buena parte de las entidades financieras estén ya utilizando elementos de doble factor como los Token RSA (infinitamente más simples de usar que un certificado digital) para sus clientes VIP en la banca privada o la confirmación por SMS, entre otros, por ser el teléfono móvil un artilugio tecnológico de aceptación masiva (tiene un índice de penetración superior al 100% entre los ciudadanos).

Por lo tanto, aunando ambas premisas, se puede concluir que la seguridad debe estar basada en algo que se tiene y algo que se sabe y que debe estar sustentada en algo tan simple que todo el mundo sepa usarlo, protegiendo así todos los eslabones de la cadena, si no se quieren repetir los errores de la banca en sus canales financieros.

La sencillez no es precisamente su fuerte

Ese parece ser uno de los aspectos fundamentales -además de la percepción de falta de seguridad en las transacciones online- que están frenando el uso de DNI electrónico. Ese porcentaje de ciudadanos que ya lo han usado para identificarse o firmar documentos han sufrido en primera persona el en ocasiones largo y complejo procedimiento de instalación de la raíz y la aplicación necesaria para el reconocimiento del certificado. Como referencia, puede revisarse el documento que el Ministerio de Interior dispone al efecto para plataformas Windows en la web del DNI electrónico para comprobar que no es una documentación que pueda ser de aplicación para un colectivo sin conocimientos sobre seguridad informática. Y no digamos si el usuario en cuestión ha optado por tener Linux como sistema operativo. En el caso de Linux o UNIX, el documento es aún más farragoso con descargas previas de paquetes para una correcta instalación del software.

Y aun siendo la complejidad del procedimiento de instalación y uso del DNI electrónico un problema en sí mismo, no es el principal de los problemas. El problema de verdad es que cuando un usuario no entiende que está haciendo es exponencialmente más propenso a sufrir ataques de ingeniería social, probablemente la más peligrosa de cuantas técnicas de hacking existen.

Cuando los consultores sobre seguridad hablan sobre esto siempre citan la respuesta innata de los usuarios cuando los departamentos de informática les obligan a recordar claves de acceso muy complejas: escribirlas en un post-it y pegarlo en el monitor.

No es éste el mismo caso dado que un certificado no puede 'escribirse' en un post-it pero debería servir como ejemplo de lo que ocurre cuando un sistema es tan complejo que las dificultades de su correcta utilización son iguales o mayores que los beneficios derivados de la misma.

En el momento de escribir este post el Ministerio del Interior ha publicado una alerta en la home de su sitio web sobre el DNI electrónico advirtiendo de este tipo de ataques. Se desconoce por ahora cual ha sido el efecto real del ataque sobre la seguridad de la ciudadanía pero no ha debido ser pequeño a tenor de la importancia que se le da al aviso (en la home!!!).

Y no debe olvidarse la alarma social respecto a la seguridad que crean estas noticias. Cada vez que una salta a la luz se van al traste muchos meses de trabajo sobre la concienciación de la seguridad en la Red.

La universalidad del dispositivo

El DNI electrónico se topa con otra dificultad añadida en su camino: el lector de tarjetas no es un periférico universal y nada hace apuntar a que lo vaya a ser en el futuro. Prácticamente ninguno de los principales fabricantes incluye el dispositivo de lectura de smartcards en sus configuraciones básicas e incluso algunos ni tan siquiera lo permiten como opcional. Gran parte del problema radica en que el DNI no es un documento habitual en los países anglosajones (Estados Unidos entre ellos) y por ello no es un dispositivo que sea necesario en muchos de los grandes mercados.

Por ello, la Administración Pública tiene que hacer un esfuerzo adicional regalando los lectores en un intento de generalizar su uso. Hasta la fecha se han regalado más de un millón de estos dispositivos cuyo coste ronda los 20 euros.

Pero por muchos lectores que se regalen el problema sigue ahí. Si cualquier web da por bueno el acceso mediante DNI electrónico (y solo ese) se deberá tener la absoluta certeza de que el usuario podrá acceder en todas las situaciones. Es decir, para dar por bueno que cierto trámite solo pudiera ser realizado con DNI electrónico se debería garantizar que hay lectores en los ordenadores domésticos, en los de las oficinas, en los de cortesía de los hoteles, etc. Porque la eAdministración nace para simplificar las cosas y para ser 24x7 y esa simplificación no se dará si únicamente se puede operar electrónicamente con la Administración cuando se está en casa o en cualquier otro lugar concreto y no en el resto.

Lo más curioso del caso es que pese a no ser un dispositivo de acceso universal todas las Administraciones Públicas quieren emitir sus propias tarjetas; son legión los ayuntamientos que han desplegado tarjetas ciudadanas que, en muchos casos, no tienen ninguna información adicional (incluso menos) a la que ya existe en el DNI electrónico. Sorprende ver los resultados de Google en la búsqueda "ayuntamiento emite tarjeta ciudadana".

¿Es seguro el DNI electrónico?

A la fecha no se conoce ningún procedimiento para burlar su seguridad, que no es poco. Siendo prudente es lo mejor que se puede decir de cualquier sistema de seguridad. Sin embargo, hay varios factores que hacen pensar que esa situación puede variar.

En primer lugar está el mero paso del tiempo. El DNI electrónico nació en 2006 y hay fuentes que indican que el despliegue finalizará en torno a 2015. Ningún sistema de seguridad ha permanecido virgen tanto tiempo y no será porque las empresas no invierten recursos en la seguridad.

Recientemente saltaba a la luz que la PlayStation 3, uno de los sistemas que más tiempo ha estado libre de hackings, había sido ya crackeada; y no será porque Sony no haya dedicado dinero y recursos a su sistema de seguridad precisamente. Y por qué no hablar del sistema de control de licencias de los fabricantes de software... De hecho, se puede decir sin temor a equivocarse que cualquier sistema de seguridad cuya burla generaba algún beneficio ha sido ya burlado (o lo será en breve si su tecnología no evoluciona al mismo ritmo que evoluciona la de los hackers). Es una mera cuestión matemática: los recursos (tiempo y dinero) de quienes crean los sistemas de seguridad son finitos mientras que los recursos de quienes quieren romperlos son ilimitados. Son muchas personas dedicando mucho tiempo y están siempre ahí en 24x7. Por ello, es una mera cuestión de tiempo.

El DNI-e debería acelerar al máximo su despliegue y plantear planes de renovación tecnológica porque pensar que un sistema de seguridad de 2006 estará vigente e impoluto quince años después es, simplemente, irreal.

El segundo problema viene de la Unión Europea. La UE tiene un proyecto de inter-operabilidad de los diferentes sistemas de cada Estado miembro por el cual un certificado de un DNI-e de uno de ellos sea reconocido por todos los demás. Es decir, el perímetro de la seguridad del DNI se extiende ahora a todos los Estados miembro y si uno de ellos falla todos lo harán.

Pero, ¿debemos pensar que el resto de Estados miembro no harán bien su trabajo? Pues parece que sí porque de momento ya ha habido una -enorme- pifia en el Reino Unido. A principios de agosto se sabía que sus tarjetas, supuestamente irrompibles, duraron poco menos de 12 minutos.

Uniendo ambas cosas podría darse un escenario en el que un ciudadano británico con un DNI falso sería aceptado sin problemas por los sistemas de seguridad del resto de Estados de la Unión dado que la validación se haría siempre en el país de origen (quien emite el certificado es quien lo verifica).

El tercero de los problemas, y probablemente el más grave, es la complejidad. Como ya se apuntaba anteriormente, la experiencia de uso de los certificados digitales es radicalmente contraria a lo que se entiende como algo intuitivo. En esa situación, los usuarios son muy propensos a ser víctimas de ataques basados en ingeniería social porque, simple y llanamente, no entienden el medio con el que interactúan. No hay más que ver el mensaje en la home de la página oficial del DNI-e para ver que este riesgo es ya real.

Este problema está íntimamente relacionado con la no universalidad de los lectores de smartcards. La Unión Europea en su conjunto tiene fuerza más que suficiente para presionar a los fabricantes de software y hardware de forma que el lector sea estándar en los equipos (del mismo modo que obliga a soportar las configuraciones de idioma en los teclados, por ejemplo), para que las raíces de los certificados estén incluidas en origen o para que el procedimiento de instalación y uso sea tan simple como se supone que debería ser.

Hay una enorme distancia a salvar entre la facilidad de uso y la situación actual, todo ello, sin mermar la seguridad. Los usuarios tienen una necesidad no satisfecha y esto siempre se traduce en una oportunidad para las empresas de seguridad informática o para los fabricantes de sistemas operativos. Sería de agradecer que alguno de ellos recogiese el guante y simplificase el proceso.

Terminando

Resumiendo, el DNI electrónico es una estupenda idea que puede ayudar enormemente en el despliegue de la eAdministración pero corre el riesgo de quedar en el baúl de los recuerdos si no se consigue generalizar su uso tanto en la esfera pública como en el sector privado.

Y esto pasa por conseguir la universalidad del dispositivo en, al menos, todos los equipos que se fabriquen o vendan en la UE, por estandarizar y acercar al público en general el manejo de certificados digitales vía acuerdos con los fabricantes de sistemas de seguridad o de sistemas operativos, por acelerar al máximo su adopción y por colaborar con el ámbito privado para que incluyan el DNI electrónico en los sistemas de identificación en sus sitios web. Mucho trabajo bajo el sol.

RSS

eAdministración: estamos en obras, disculpen las molestias...



RSS

Esto es lo que debería poner en la mayor parte de las sedes electrónicas de los 25 principales ayuntamientos del Estado de acuerdo al estudio realizado entre marzo y junio de 2010 por la Asociación de Internautas y la Asociación pro-derechos civiles, económicos y sociales.

Estamos en obras, disculpen las molestias
Y es que, según se desprende del estudio, solo 5 de las 25 principales capitales consiguen aprobar el examen que incluye pruebas funcionales, organizativas, técnicas y de contenidos.

Los Ayuntamientos son, por definición, las administraciones públicas más cercanas al ciudadano ya que su perfil de tramitación, básicamente, trata de asuntos de la vida cotidiana como solicitud de subvenciones, becas, ayudas de acción social, acceso a bibliotecas, polideportivos, licencias de obra, gestión padronal, ...
 
Por tanto, si la Administración Electrónica falla en la ámbito más cercano al ciudadano es evidente que algo no se está haciendo bien. La pregunta obligada es ¿qué está fallando?
 

¿Qué está fallando?
 
El 23 de junio del año 2007 (hace más de tres años) se publicó en el BOE la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, marcando en su propia redacción el periodo de moratoria que las Administraciones Públicas tenían para realizar las adaptaciones necesarias. Ese periodo de moratoria era de tres años y se fijaba como fecha tope el 31 de diciembre de 2009, tanto para la Administración General del Estado como para las Administraciones Autonómicas y Locales.
 
Es decir, la Ley no entró en vigor el 31 de diciembre de 2009 sino que en esa fecha acabó el plazo para realizar las adaptaciones necesarias para su obligado cumplimiento.
 
La realidad a la fecha es que la mayor parte de las tareas técnicas y organizativas necesarias para que todo el entramado de instituciones públicas puedan desempeñar su misión de forma electrónica están aún por realizar.
 

De abajo a arriba
 
Pongamos un ejemplo muy simple: el volante de empadronamiento. La Ley 11/2007 institucionaliza el Derecho de la ciudadanía a relacionarse con las Administraciones Públicas de forma electrónica. Igualmente, impide a las Administraciones Públicas solicitar al ciudadano ningún documento que obre en su poder.
 
Es decir, ninguna Administración Pública puede, con la Ley en la mano, solicitar al ciudadano este documento para trámite alguno. Pero para que esto sea así en la práctica debería existir algún mecanismo alternativo por el que la Administración A (por ejemplo, una Comunidad Autónoma en un trámite de matriculación escolar) pueda verificar de forma automática y electrónica que el ciudadano consta en los registros padronales de la Administración B (un Ayuntamiento).
Estos mecanismos a día de hoy, en su gran mayoría, no existen por lo que la Administración A debe elegir entre a) seguir pidiendo el documento en papel al ciudadano, b) creerse todo lo que le digan a pies juntillas sin verificarlo o c) utilizar como medio de consulta con la Administración B el correo electrónico, el correo tradicional o el teléfono.
 
La tercera opción es absolutamente ineficiente y la segunda es irreal, por lo que solo resta seguir agarrándose a la primera aún a sabiendas de que no es conforme a la Ley.

En definitiva, aún dando por hecho que todas las Administraciones Públicas tuvieran disponible online para el ciudadano la emisión de volante de padrón, todavía restarían por implementar los mecanismos por los cuales se arbitre el intercambio de información entre ellas mismas.
 
Pero visto esto, veamos ahora como se está desarrollando la eAdministración. Hace unos meses, en el marco de Tecnimap en Zaragoza y durante una reunión con los CIOs de los diez o doce principales Ayuntamientos del Estado, uno de los asistentes puso sobre la mesa la cantidad ingente de dinero que todos los Ayuntamientos habían solicitado del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local para el desarrollo de la eAdministración.
 
Es decir, cada una de las Administraciones Públicas van a intentar reproducir por sus medios los procesos tecnológicos para la 'trasposición' digital de sus expedientes. Obviamente, habrá formas de hacer diferentes entre instituciones y es seguro que habrá trámites específicos que existan en una y no en otra. Pero tal vez sería lógico pensar en algunos servicios básicos (al menos a nivel de esqueleto) que pudieran servirse de forma centralizada, al menos en cuanto al diseño del proceso. A fin de cuentas, por seguir con el ejemplo, expedir un volante de empadronamiento no es muy diferente en un Ayuntamiento u otro. Se trataría, en definitiva, de ampliar ligeramente el ámbito de lo que ya se está planteando para la web de la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios contemplando no solo el catálogo de servicios de cada Administración sino un repositorio de servicios comunes.
 

El arte de lo posible
 
Para poner en contexto el título no hay más que ver como se ha anunciado a bombo y platillo la desaparición del Libro de Familia en favor de un registro electrónico denominado Código Personal de Ciudadanía.
 
Libro de familia
Este cambio no es una novedad legislativa de reciente cuño -y no puede verse así- dado que en buena lógica era de obligado cumplimiento desde el 23 de junio del año 2007, año de entrada en vigor de la mencionada Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 


El razonamiento es el siguiente:

  • Hecho: La Ciudadanía tiene Derecho a relacionarse con la Administración Pública por vías telemáticas.
  • Hecho: La Administración Pública no puede solicitar al ciudadano ningún documento que obre en su poder o en el de otra Administración Pública.
  • Hecho: El libro de familia obra en poder de la Administración Pública en sentido amplio dado que ella lo expide.
  • Hecho: Las Administraciones Públicas deben interactuar entre ellas por vías telemáticas para el intercambio de información.
  • Ergo: ¿para qué servía entonces el libro en papel?

En este caso se pone de manifiesto la falta de mecanismos existentes por parte de las Administraciones Públicas para cumplir la Ley. El cambio anunciado recientemente es una consecuencia directa de la Ley aprobada en 2007 y que, a la vista de los hechos, ni tan siquiera había sido tenido en cuenta en todo este tiempo.


¿Y qué hay de la seguridad?

Uno de los más importantes problemas al que se enfrentan las Administraciones Públicas en el marco de la eAdministración es la seguridad de la propia eAdministración. Y lo es desde dos puntos de vista.

El primero de ellos es lo que ya se empieza a denominar la Administración de Cristal. En la era de Google, en la que todo se sabe, en la que es imposible guardar secretos, en la que una noticia positiva -o negativa- no desaparece con el paso del tiempo sino que siempre está ahí, a un clic de distancia, las Administraciones deberán ser increíblemente pulcras en la gestión de los datos. Por poner algunos ejemplos, cualquier comentario escrito anteriormente en el lateral de un expediente podrá ser ahora visto cuasi en tiempo real por el ciudadano, y de forma casi instantánea por el resto del mundo si así se desea; la firma digital de un documento, por error, con fecha del día anterior será detectado sin lugar a dudas por la marca digital de tiempo, ... Esto puede verse como un problema o como una oportunidad dado que, con las debidas garantías, podrá contarse con el ciudadano como 'corrector' online de sus propios datos.

El segundo aspecto a considerar es el riesgo puramente IT. Dado que una gran parte de la tramitación de expedientes se realiza en papel, prácticamente del mismo modo que hace una o dos décadas, las Administraciones Públicas están acostumbradas a sistemas informáticos de bajo riesgo. Los datos no están expuestos en Internet y por tanto la posibilidad de hackings son razonablemente bajos. Sin embargo, la eAdministración se basa en poner todo a disposición del ciudadano de forma telemática, es decir, exponer la información y los trámites a Internet. En ese sentido, hay un largo camino por recorrer para cambiar, fundamentalmente, la cultura imprimiendo las buenas prácticas y la cultura de la seguridad en Internet en todos los desarrollos de aplicaciones, algo que hasta ahora, en gran medida, no era necesario.


Visión de futuro

Las Administraciones Públicas tienen un duro y complejo trabajo por delante para modernizar y exponer digitalmente toda su tramitación administrativa e interoperar con otras administraciones. No ya para cumplir la Ley, que también, sino para hacer más sencilla la vida a los ciudadanos y las empresas y aumentar la eficiencia de la sociedad en su conjunto.

Hay mucho trabajo por hacer...


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