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Radiografía de una eFactura



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Los antecedentes:

    Factura electrónica
  • Cada año las empresas se intercambian a nivel mundial un total de 350.000 millones de facturas. A Europa le corresponden unos 30.000 millones de facturas.
  • El reparto es aproximadamente 50-50 entre B2C y B2B.
  • Por sectores, la Administración Pública es el mayor productor/receptor de facturas con un total del 15%.

Solamente con esas tres razones no debería haber administración pública que se resistiese a mecanizar el proceso de facturación porque la cantidad de trabajo manual es enorme y su coste más que evidente. Y sin embargo no ocurre, o no al menos con la contundencia que sería razonable.

Alguna desventaja debe tener la factura electrónica para que su implantación no sea masiva. Primero, un rápido paseo por las ventajas.


Ventajas

Fraude fiscal
Mejora en la detección de fraude. La eFactura permite cruzar la información de la factura con cualquier otra información disponible en los sistemas y todo en tiempo real.

Esto permite mejorar los ratios de detección de actividades sospechosas (fraude, evasión fiscal, morosidad,...) y no hay que perder de vista que la probabilidad de inspección y control es uno de los principales frenos -sino el mayor- al fraude o la evasión de capitales.

Quizá sea ésta la razón por la que algunas contabilidades aún se siguen haciendo con papel y pluma.

Mayor eficiencia. El Departamento del Tesoro de Finlandia estima que el coste global de procesamiento de una factura oscila entre 30 y 50 euros. Según sus estimaciones, automatizando el proceso por medios electrónicos, algo que Finlandia y otros muchos países ya han hecho, ese coste puede bajar a valores de entre 1 y 10 euros. Estos ahorros implican reducciones de cargas de trabajo manuales lo que, a su vez, además, permite una importante reducción de los plazos de procesamiento.

Facturas de papelMedioambientales. Teniendo en cuenta que una factura tiene algo menos de tres páginas como promedio, cada año se imprimen más de un billón (un uno y doce ceros) de páginas en el proceso de emisión. El coste energético para producir ese papel es mayor que el consumo de 150 millones de bombillas de 50W encendidas durante 24 horas. Y el consumo de agua necesario para la fabricación de esa cantidad de papel es superior a los 120.000 millones de litros. Como consecuencia de esto, la huella de carbono de una eFactura es aproximadamente tres veces menor que esa misma factura en papel (que algo de CO2 también generan las infraestructuras de TI).

Y otros algo más intangibles como la mejora de la calidad gracias a la automatización de procesos, la imagen pública de modernidad, la mejora de plazos, etc.


Inconvenientes

Multitud de plataformas. En 2012, solo en Europa, había más de 500 proveedores de factura electrónica cuyo objetivo era integrar la eFactura en los más de 10.000 ERPs existentes. Este gran volumen es por una parte positivo ya que gracias a él será posible, según las previsiones, que en el año 2017 la mitad de la facturación en el segmento B2B o B2G sea electrónica. Este gran volumen de proveedores de eFactura busca repartirse un mercado en el que el ratio de crecimiento en 2012 fue del 35 por ciento y en el que se espera que en los próximos años sea superior al 30%.

La contrapartida a esta diversidad de plataformas y proveedores viene en forma de enormes costes de integración. No ya porque haya diferentes formatos de factura electrónica, que los hay, sino porque el cumplimiento de estándares de cada proveedor cuando se baja a la arena es manifiestamente mejorable.

Resistencia al cambio. La factura, como documento mercantil, no ha variado mucho en los últimos [cientos de] años. No es un problema exclusivo de la eFactura pero, sin duda, todavía hay quien le ve cierto gusto a almacenar los documentos en carpetas de papel. Es un problema que irá progresivamente, y probablemente de forma rápida, a menos.

El uso de certificados. Esta es la madre de todas las batallas respecto a los inconvenientes y se refleja de forma muy gráfica y evidente en los datos de uso de las diferentes acepciones de facturación electrónica que ha publicado la UE.

% Factura electrónica procesada automáticamente
Fuente. INE. Percentage of all enterprises sending electronic invoices
Los datos que el INE facilita sobre 2012 indican que el 19,2% de las empresas realiza su facturación de forma electrónica. Pero de entre ellas, solo un 7,5% lo hace siguiendo los estándares legales basados en XML firmado digitalmente. En las antípodas se encuentran el 97,1% de las empresas que utiliza formatos no procesables de forma automática, básicamente ficheros PDF.

Partiendo de la base de que la generación de un documento PDF o un fichero XML es idéntica en complejidad ya que el ERP abstrae al contable de todas esas tareas (incluso Excel tiene plantillas gratuitas para generar ambos tipos de documentos), lo único que realmente difiere es que el XML de Facturae exige firma para ser validado y procesado automáticamente mientras que una factura electrónica en un PDF (que incluso que puede provenir de una factura en papel digitalizada) enviada por email no exige nada.

Está claro que una tiene validez jurídica y la otra no pero los porcentajes dan que pensar respecto a cómo los tecnólogos complicamos la vida a los usuarios cuando deberíamos hacer justo lo contrario.


El papel de la administración publica

El papel de la Administración Publica es fundamental y quizá por ello la UE está promoviendo el desarrollo de este mercado mediante la directiva 2011/7/UE con el objetivo puesto en 2020 haciendo obligatoria la eFactura, aunque en este caso centrando el objetivo fundamentalmente en el control de la morosidad. Parece razonable pensar que si la factura es aceptada automáticamente por los sistemas, sin capacidad de repudio para emisor y receptor, no existirá capacidad alguna para 'retenerla en un cajón'.

Lo mismo ocurre en Estados Unidos con la iniciativa federal del Departamento del Tesoro de julio de 2011 obligando a todos los proveedores a enviar la facturación de forma electrónica a partir de enero de 2013. Incluso han creado una plataforma común para la facturación electrónica de sus diferentes administraciones públicas.

Que lejos está Europa de iniciativas como ésta.

El sector publico esta sin duda en una situación excepcional para regular este proceso ya que tiene la capacidad normativa, al tiempo que interviene en el 15% de todos los procesos de facturación, casi siempre como cliente.

Son muchos los Gobiernos que ya han puesto fecha de caducidad a la facturación en papel haciendo obligatoria la factura electrónica. Entre ellos están Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Holanda, Brasil o Singapur entre otros. Los más grandes, como Estados Unidos y Bilbao, incluso han coincido en la fecha: 1 de enero de 2013... Como decía Unamuno, el mundo entero es un Bilbao más grande.


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Las formas de pago que vienen



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Eran legión quienes durante la burbuja de las punto com, a principios de siglo, pregonaban el final del dinero tal y como lo conocemos, la muerte de las tarjetas de crédito tal y como las entendemos hoy o incluso la desaparición de Visa o Mastercard en favor de nuevos actores como PayPal.

Todo sería digital, totalmente digital y los nuevos tiempos nos traerían nuevas formas de ver el mundo. Un nuevo mundo -Internet- en el que parecía que las tarjetas de crédito y el dinero tradicional no encajaban.


El dinero y el conservadurismo

El dinero no es metal, es confianza impresa*. Existen muy pocas cosas más cobardes y conservadoras que el dinero porque a las personas, por diseño genético, no les gusta el cambio y menos aún si lo que cambia es algo que incide en su situación económica y, por tanto, afecta a su bienestar presente o futuro.

Cuando Bank of America lanzó las tarjetas de crédito en la década de los sesenta los políticos e intelectuales de todo signo y condición las tildaron de poco solidas e inseguras. La BankAmericard permitía a los ciudadanos tomar prestado dinero de ganancias futuras -crédito-, al instante, en cualquier lugar del mundo y únicamente con un trozo de plástico, algo que algunos creían que llevaría al colapso financiero.

Hoy sabemos que la confianza en algo o alguien está directamente relacionado con la cantidad de oxitocina -una hormona mucho más conocida por otra de sus funciones- que nuestro cerebro es capaz de sintetizar y poner en el torrente sanguíneo. Hay experimentos que demuestran que las personas se vuelven más confiadas, incluso irracionalmente confiadas, cuando inhalan esta hormona.

A la banca le ha costado mucho tiempo, dinero y esfuerzo generar en sus clientes la suficiente oxitocina como para convencerles de que el pago mediante tarjeta de crédito era seguro. Han sido muchos años de asumir fraudes con tal de no aparecer en las portadas de los periódicos.

Y en ese contexto, la explosión de Internet se vio como una descomunal amenaza, un nuevo escenario para el que las tarjetas de crédito no estaban preparadas. Surgieron conceptos como el ciberdinero, los intentos de lanzar monedas virtuales -algo así como monedas neutras de Internet-, los métodos de pago como PayPal o más recientemente los Facebook Credits.

Pero todos ellos se han topado siempre con el mismo escollo: en un tiempo en el que el dinero no representa reservas de oro sino simplemente confianza, todos esos medios de pago encuentran que su aceptación masiva se ve frenada por su falta de seguridad. Y da igual que su falta de seguridad sea real o solo percibida, las dos apalean a la confianza que es la base del dinero.


Compañías de tecnología y financieras uniendo fuerzas

Pero por mucho chip EMV que se ponga en los plásticos, algo de cierto había en lo que nos contaban de que las tarjetas de crédito no estaban preparadas para la nueva era. Y eso lo han sabido leer muy bien algunas empresas que han corrido para tomar la iniciativa en el pago mediante NFC.

El teléfono móvil con soporte para NFC será, probablemente, la base de los medios de pago de los próximos años. Podremos (podemos ya de hecho) pagar con el móvil, simplemente acercándolo al lector y tecleando una clave en el propio teléfono. Parece que tras la cámara de fotos, la PDA, la agenda, el GPS,... el teléfono móvil va camino de canibalizar un nuevo gadget: la tarjeta de crédito.

La unión de Google, Mastercard y Citi para conformar Google Wallet ha sido la primera acción coordinada en torno a la tecnología NFC pero no será la última. Hace falta mucha tecnología e innovación en un sector que empieza a mostrar dinamismo -en este caso eso lo aporta Google- pero donde a la vez sigue siendo fundamental mantener la confianza -eso lo aportan Mastercard y Citi-. Paulatinamente irán entrando más bancos, más empresas tecnológicas e incluso compañías de telecomunicaciones. Y tras ellas -o a la vez- vendrán los merchants como Coca-Cola que ya permite el pago mediante NFC en miles de sus máquinas o Renfe que ya ha habilitado 300 tornos con NFC para el pago en billetes de Cercanías.

Basta echar un vistazo a la lista de miembros del NFC Forum (Visa, Mastercard, American Express, Microsoft, Nokia, Samsung, Sony, LG, Google, Intel, Motorola, Barclays, RIM..., por cierto, sorprende no ver a Apple) para darse cuenta de que esta tecnología ha venido para quedarse.

Con un poco de fortuna en la puesta en marcha, se trata del intento definitivo de conceptos fracasados o con escaso éxito como el monedero digital, las tarjetas para el transporte público o los dispositivos prepago de las máquinas de vending, al tiempo que potenciará la adaptación tecnológica de la tarjeta de crédito tradicional. Incluso hay quienes exploran un sinfín de nuevas posibilidades como la sustitución de las llaves (y las smartcards) para la apertura de puertas o su uso en procesos de firma electrónica. Tal vez incluso veamos cómo pasa por encima de la aberración tecnológica que supone el uso de certificados digitales de usuario.

Parece que finalmente los agoreros de la burbuja punto com tenían algo de razón. Algo si va a cambiar: no tendremos que llevar una tarjeta de crédito, bastará con el teléfono móvil. El tiempo dirá si son capaces de hacernos generar la suficiente oxitocina como para confiar en el móvil todo lo que ahora confiamos en nuestro pequeño trocito de plástico.


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* Niall Ferguson. El triunfo del dinero.


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DNIe, de impulsor a stopper



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Hace unos días, a mediados de marzo de 2011, se cumplían los cinco primeros años de vida del DNI electrónico. Su desarrollo, entre luces y sombras, ha sido continuo durante estos cinco años llegando en la actualidad a un despliegue en torno a los 25 millones de documentos.

El DNIe nace con vocación de servir de apoyo en el despliegue seguro de sistemas de acceso telemáticos a la Administración. Así, la huella digital que se incluye en el chip permite igualar las condiciones legales de la firma digital con la firma manuscrita. Es más, el portal del DNIe habla de la necesidad de otorgar identidad personal a los ciudadanos para su uso en la nueva Sociedad de la Información. A priori parecía una necesidad indiscutible; sin embargo, su aceptación y uso no están acompañando.

Las razones por las que los ciudadanos no hacen uso de su DNIe son probablemente muy diversas, pero si hubiera que elegir las fundamentales serían cuatro:

  • Aún no es universal. El grado de cobertura está en torno a un 50% de la población.
  • No es sencillo. Su utilización (instalación y posterior uso) no es simple para personal no experto en TI, sobre todo fuera de los sistemas operativos y navegadores líderes de mercado.
  • No es comprendido. En general, el ciudadano medio no entiende qué es eso de una clave pública, otra privada, SSL, la firma de documentos, las listas de revocación, las CAs y subCAs,...
  • No es utilizado fuera del ámbito público. Pese a que el DNIe no distingue entre trámites en el sector público o privado, lo cierto es que son pocas las entidades que lo admiten (o lo tratan de forma preferente) como mecanismo de identificación en sus sitios web.

Alternativas

El sector privado no está haciendo uso del DNIe y todo apunta a que no lo va a hacer en el futuro, al menos no en el corto plazo. En su defecto, buscan mecanismos universales, baratos, sencillos y entendibles como, por ejemplo, el teléfono móvil.

Hace unas semanas, durante el Mobile World Congress, Telefónica hacía público su proyecto mDNI en el que, mediante un acuerdo con Secuware, plantea introducir los datos del DNIe en la tarjeta SIM del teléfono móvil. Este mecanismo permitirá la identificación, tanto en sitios web públicos como privados, pero no permitirá la firma digital con lo que no podrá ser usado en la Administración Pública (salvo para la identificación inicial).

Pero no queda ahí la cosa respecto a la identificación con dispositivos móviles. Prácticamente todos los nuevos teléfonos inteligentes que empezarán a comercializarse en 2011 (iPhone, Android, Phone 7,...) incorporarán soporte del estándar NFC. Telefónica ya ha comenzado un despliegue masivo entre sus empleados tras el éxito del proyecto piloto en Sitges junto con La Caixa. Gigantes como Google ya han comenzado despliegues similares financiando la instalación de antenas en calles de Nueva York y San Francisco.

Y nuevamente, parece que las Administraciones Públicas quedarán al margen de esta iniciativa dado que no tiene los parabienes legales necesarios.

Y ahora la cuestión del día. ¿Deben quedarse las Administraciones Públicas fuera de estos avances técnicos? Es cierto, probablemente muchos de estos sistemas tienen puntos débiles pero tampoco los certificados digitales como el del DNIe son perfectos. No hay más que ver lo que acaba de ocurrir con Comodo, una empresa de certificación de primer nivel que ha sucumbido a un ataque y ha emitido certificados totalmente válidos (pero fraudulentos) que permiten la completa suplantación de identidad en los sitios web de Microsoft, Google, Skype, Yahoo! y Mozilla.

¿Debe primar la seguridad jurídica al 120% sobre la usabilidad? Las empresas privadas analizan el riesgo y determinan la mejor posición frente a él. ¿Es esto asumible en el caso de la Administración Pública?

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DNI electrónico, luces y sombras



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A finales de 2003, hace ya casi siete años, se publicó la LEY 59/2003, DE 19 DE DICIEMBRE, DE FIRMA ELECTRÓNICA que nacía con la intención de regular la firma electrónica y como una de sus principales derivadas la expedición del DNI electrónico o DNI-e.

Así, en marzo de 2006 se inicia la expedición de los nuevos documentos digitales incluyendo el chip además de otras medidas de seguridad probablemente menos conocidas como hologramas, letras táctiles, imágenes láser o imágenes codificadas. El marco temporal en el que se entendía que la mayoría de los ciudadanos tendrían ya el DNI electrónico era de aproximadamente cuatro años coincidiendo así con el fin de la moratoria de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Sin embargo, cuatro años después de su inicio la situación es bastante menos optimista que la idílica visión que se lanzaba desde medios oficiales. El despliegue cubre aproximadamente a 18 millones de ciudadanos de los que según el INE únicamente el 3,4% lo ha usado alguna vez frente a la Administración. La inversión aproximada para ello ronda los 350 millones de euros (más de 58.200 millones de pesetas para los que aún les cueste hacer conversiones en el aire de cantidades tan abultadas), todo ello, sin contar las importantísimas partidas económicas necesarias para hacer que el DNI electrónico sea reconocido como medio de identificación en los sistemas de las diferentes Administraciones Públicas.

Haciendo unos simples, aunque un tanto perversos, cálculos resulta que el coste (sobre la base de 18 MM de ciudadanos) del DNI electrónico es de casi 20 € por persona. Y más aún si se calcula el coste de los que realmente lo han usado alguna vez (3,4% de 18 MM) dado que en ese caso la cifra sube a 572 € (en torno a 95.000 pesetas, por si en euros no resulta impactante) por ciudadano. En términos de un economista, ese sería el coste de oportunidad (572 € por ciudadano) que habría que recuperar, fundamentalmente en términos de mejora de la eficiencia en la gestión administrativa, para hacer rentable un despliegue masivo de certificados digitales en el DNI.

Por comparar, las cifras que maneja el sector financiero en sus despliegues de tarjetas sitúa el coste en algo menos de 2 € por tarjeta a repartir casi a partes iguales entre lo puramente físico (el plástico más el chip) y la personalización incluyendo en ello la parte electrónica. Los resultados no son exactamente comparables al no ser idéntica la funcionalidad de una tarjeta financiera y un DNIe -por ejemplo, el DNI lleva sistemas anti-falsificación adicionales, el certificado es diferente,...- pero aún así son bastantes esclarecedores.

Se hace difícil pensar que en el corto plazo se vaya a producir ese retorno de la inversión dado que para que el DNI electrónico tenga verdadero éxito es preciso que existan aplicaciones preparadas para él, tanto en el ámbito público como en el privado. Y si en el público aún no hay grandes bolsas de aplicaciones, en el ámbito privado la situación es aún mucho peor. Muy pocos sitios de compra online o grandes almacenes en su versión digital -por no decir ninguno- admiten el DNI electrónico como mecanismo de identificación y no repudio en las compras. La mayor parte prefieren admitir las tarjetas propias o las tarjetas de las entidades de crédito pese a ser en gran medida más inseguras al estar basadas únicamente en 'información que se sabe y no se tiene', concepto que posteriormente se explicará.

Dos ideas básicas de la seguridad, solo dos

La primera es que la seguridad online (y no online) debe estar basada en un doble factor: algo que se sabe y algo que se tiene. Algo del mundo de los átomos y algo del mundo de los bits. Es decir, el sistema debe estar sustentado en que para burlar las medidas preventivas no baste con tener algo que solo tiene la persona a suplantar y/o saber algo que solo él debería saber. Deben darse las dos premisas.
Este es el gran problema del fraude de tarjetas por Internet dado que todo lo que, en general, se solicita para realizar una compra online está dentro del ámbito de lo que se sabe (número de tarjeta y fecha de caducidad) y no de lo que se tiene. Así, un pequeño troyano en el ordenador de la víctima es capaz de extraer esta información tan pronto como el usuario haga su primera compra online.
Y ahí es donde el chip del DNI electrónico entra en escena al añadir el 'algo que se tiene': un certificado que no puede ser exportado del DNI que lo contiene.

Pero, lógicamente, hay otras formas de cumplir la premisa de lo que se tiene. Así, PayPal y cada vez más entidades financieras lo solventan con mensajes SMS al móvil que requieren respuesta (el móvil actúa en ese caso como elemento único de la persona), la tarjeta de barcos clásicas de las entidades financieras o elementos de doble factor como el Token RSA.

La segunda premisa básica de la seguridad se basa en que la seguridad debe entenderse como una cadena y el nivel de robustez en su conjunto debe ser medido en base al más débil de sus eslabones.

Esto es lo que probablemente no entendieron demasiado bien las primeras empresas que comenzaron a exponer su tramitación por la Red, fundamentalmente la banca, dado que pese a blindar sus sistemas -no se conocen grandes fraudes online originados en los sistemas de las propias entidades financieras- descuidaron en gran medida al eslabón más débil: la seguridad de los PCs de acceso de sus clientes.

De ahí que una buena parte de las entidades financieras estén ya utilizando elementos de doble factor como los Token RSA (infinitamente más simples de usar que un certificado digital) para sus clientes VIP en la banca privada o la confirmación por SMS, entre otros, por ser el teléfono móvil un artilugio tecnológico de aceptación masiva (tiene un índice de penetración superior al 100% entre los ciudadanos).

Por lo tanto, aunando ambas premisas, se puede concluir que la seguridad debe estar basada en algo que se tiene y algo que se sabe y que debe estar sustentada en algo tan simple que todo el mundo sepa usarlo, protegiendo así todos los eslabones de la cadena, si no se quieren repetir los errores de la banca en sus canales financieros.

La sencillez no es precisamente su fuerte

Ese parece ser uno de los aspectos fundamentales -además de la percepción de falta de seguridad en las transacciones online- que están frenando el uso de DNI electrónico. Ese porcentaje de ciudadanos que ya lo han usado para identificarse o firmar documentos han sufrido en primera persona el en ocasiones largo y complejo procedimiento de instalación de la raíz y la aplicación necesaria para el reconocimiento del certificado. Como referencia, puede revisarse el documento que el Ministerio de Interior dispone al efecto para plataformas Windows en la web del DNI electrónico para comprobar que no es una documentación que pueda ser de aplicación para un colectivo sin conocimientos sobre seguridad informática. Y no digamos si el usuario en cuestión ha optado por tener Linux como sistema operativo. En el caso de Linux o UNIX, el documento es aún más farragoso con descargas previas de paquetes para una correcta instalación del software.

Y aun siendo la complejidad del procedimiento de instalación y uso del DNI electrónico un problema en sí mismo, no es el principal de los problemas. El problema de verdad es que cuando un usuario no entiende que está haciendo es exponencialmente más propenso a sufrir ataques de ingeniería social, probablemente la más peligrosa de cuantas técnicas de hacking existen.

Cuando los consultores sobre seguridad hablan sobre esto siempre citan la respuesta innata de los usuarios cuando los departamentos de informática les obligan a recordar claves de acceso muy complejas: escribirlas en un post-it y pegarlo en el monitor.

No es éste el mismo caso dado que un certificado no puede 'escribirse' en un post-it pero debería servir como ejemplo de lo que ocurre cuando un sistema es tan complejo que las dificultades de su correcta utilización son iguales o mayores que los beneficios derivados de la misma.

En el momento de escribir este post el Ministerio del Interior ha publicado una alerta en la home de su sitio web sobre el DNI electrónico advirtiendo de este tipo de ataques. Se desconoce por ahora cual ha sido el efecto real del ataque sobre la seguridad de la ciudadanía pero no ha debido ser pequeño a tenor de la importancia que se le da al aviso (en la home!!!).

Y no debe olvidarse la alarma social respecto a la seguridad que crean estas noticias. Cada vez que una salta a la luz se van al traste muchos meses de trabajo sobre la concienciación de la seguridad en la Red.

La universalidad del dispositivo

El DNI electrónico se topa con otra dificultad añadida en su camino: el lector de tarjetas no es un periférico universal y nada hace apuntar a que lo vaya a ser en el futuro. Prácticamente ninguno de los principales fabricantes incluye el dispositivo de lectura de smartcards en sus configuraciones básicas e incluso algunos ni tan siquiera lo permiten como opcional. Gran parte del problema radica en que el DNI no es un documento habitual en los países anglosajones (Estados Unidos entre ellos) y por ello no es un dispositivo que sea necesario en muchos de los grandes mercados.

Por ello, la Administración Pública tiene que hacer un esfuerzo adicional regalando los lectores en un intento de generalizar su uso. Hasta la fecha se han regalado más de un millón de estos dispositivos cuyo coste ronda los 20 euros.

Pero por muchos lectores que se regalen el problema sigue ahí. Si cualquier web da por bueno el acceso mediante DNI electrónico (y solo ese) se deberá tener la absoluta certeza de que el usuario podrá acceder en todas las situaciones. Es decir, para dar por bueno que cierto trámite solo pudiera ser realizado con DNI electrónico se debería garantizar que hay lectores en los ordenadores domésticos, en los de las oficinas, en los de cortesía de los hoteles, etc. Porque la eAdministración nace para simplificar las cosas y para ser 24x7 y esa simplificación no se dará si únicamente se puede operar electrónicamente con la Administración cuando se está en casa o en cualquier otro lugar concreto y no en el resto.

Lo más curioso del caso es que pese a no ser un dispositivo de acceso universal todas las Administraciones Públicas quieren emitir sus propias tarjetas; son legión los ayuntamientos que han desplegado tarjetas ciudadanas que, en muchos casos, no tienen ninguna información adicional (incluso menos) a la que ya existe en el DNI electrónico. Sorprende ver los resultados de Google en la búsqueda "ayuntamiento emite tarjeta ciudadana".

¿Es seguro el DNI electrónico?

A la fecha no se conoce ningún procedimiento para burlar su seguridad, que no es poco. Siendo prudente es lo mejor que se puede decir de cualquier sistema de seguridad. Sin embargo, hay varios factores que hacen pensar que esa situación puede variar.

En primer lugar está el mero paso del tiempo. El DNI electrónico nació en 2006 y hay fuentes que indican que el despliegue finalizará en torno a 2015. Ningún sistema de seguridad ha permanecido virgen tanto tiempo y no será porque las empresas no invierten recursos en la seguridad.

Recientemente saltaba a la luz que la PlayStation 3, uno de los sistemas que más tiempo ha estado libre de hackings, había sido ya crackeada; y no será porque Sony no haya dedicado dinero y recursos a su sistema de seguridad precisamente. Y por qué no hablar del sistema de control de licencias de los fabricantes de software... De hecho, se puede decir sin temor a equivocarse que cualquier sistema de seguridad cuya burla generaba algún beneficio ha sido ya burlado (o lo será en breve si su tecnología no evoluciona al mismo ritmo que evoluciona la de los hackers). Es una mera cuestión matemática: los recursos (tiempo y dinero) de quienes crean los sistemas de seguridad son finitos mientras que los recursos de quienes quieren romperlos son ilimitados. Son muchas personas dedicando mucho tiempo y están siempre ahí en 24x7. Por ello, es una mera cuestión de tiempo.

El DNI-e debería acelerar al máximo su despliegue y plantear planes de renovación tecnológica porque pensar que un sistema de seguridad de 2006 estará vigente e impoluto quince años después es, simplemente, irreal.

El segundo problema viene de la Unión Europea. La UE tiene un proyecto de inter-operabilidad de los diferentes sistemas de cada Estado miembro por el cual un certificado de un DNI-e de uno de ellos sea reconocido por todos los demás. Es decir, el perímetro de la seguridad del DNI se extiende ahora a todos los Estados miembro y si uno de ellos falla todos lo harán.

Pero, ¿debemos pensar que el resto de Estados miembro no harán bien su trabajo? Pues parece que sí porque de momento ya ha habido una -enorme- pifia en el Reino Unido. A principios de agosto se sabía que sus tarjetas, supuestamente irrompibles, duraron poco menos de 12 minutos.

Uniendo ambas cosas podría darse un escenario en el que un ciudadano británico con un DNI falso sería aceptado sin problemas por los sistemas de seguridad del resto de Estados de la Unión dado que la validación se haría siempre en el país de origen (quien emite el certificado es quien lo verifica).

El tercero de los problemas, y probablemente el más grave, es la complejidad. Como ya se apuntaba anteriormente, la experiencia de uso de los certificados digitales es radicalmente contraria a lo que se entiende como algo intuitivo. En esa situación, los usuarios son muy propensos a ser víctimas de ataques basados en ingeniería social porque, simple y llanamente, no entienden el medio con el que interactúan. No hay más que ver el mensaje en la home de la página oficial del DNI-e para ver que este riesgo es ya real.

Este problema está íntimamente relacionado con la no universalidad de los lectores de smartcards. La Unión Europea en su conjunto tiene fuerza más que suficiente para presionar a los fabricantes de software y hardware de forma que el lector sea estándar en los equipos (del mismo modo que obliga a soportar las configuraciones de idioma en los teclados, por ejemplo), para que las raíces de los certificados estén incluidas en origen o para que el procedimiento de instalación y uso sea tan simple como se supone que debería ser.

Hay una enorme distancia a salvar entre la facilidad de uso y la situación actual, todo ello, sin mermar la seguridad. Los usuarios tienen una necesidad no satisfecha y esto siempre se traduce en una oportunidad para las empresas de seguridad informática o para los fabricantes de sistemas operativos. Sería de agradecer que alguno de ellos recogiese el guante y simplificase el proceso.

Terminando

Resumiendo, el DNI electrónico es una estupenda idea que puede ayudar enormemente en el despliegue de la eAdministración pero corre el riesgo de quedar en el baúl de los recuerdos si no se consigue generalizar su uso tanto en la esfera pública como en el sector privado.

Y esto pasa por conseguir la universalidad del dispositivo en, al menos, todos los equipos que se fabriquen o vendan en la UE, por estandarizar y acercar al público en general el manejo de certificados digitales vía acuerdos con los fabricantes de sistemas de seguridad o de sistemas operativos, por acelerar al máximo su adopción y por colaborar con el ámbito privado para que incluyan el DNI electrónico en los sistemas de identificación en sus sitios web. Mucho trabajo bajo el sol.

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