Mostrando entradas con la etiqueta Administración Pública. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Administración Pública. Mostrar todas las entradas

¿Qué hay de nuevo en Uber?



RSS

Resulta curioso observar como una pequeña startup tecnológica como Uber es de repente conocida en medio mundo. Los publicistas pagarían fortunas por eso y sin embargo, al menos visto desde fuera, esa repentina visibilidad en los medios parece un tanto incontrolada, ¿o tal vez no?

¿Qué tiene Uber de realmente novedoso como para aparecer en todos los medios de comunicación? Hagamos un pequeño repaso.


Permite compartir coche. Realmente no es así. Uber no está orientado a la compartición de coche. De hecho, aunque así fuera, eso ya está bastante trillado. Hace apenas tres años, en el 2011, no había ayuntamiento que no tuviese en su web un sitio reservado para compartir coche bajo el paraguas de la eficiencia energética y de la optimización del tráfico. Para comprobarlo basta con buscar compartir coche ayuntamiento.


Permite optimizar del tráfico. Tampoco. Que se sepa, los coches de Uber no ayudan a mejorar el tráfico y aunque así fuera tampoco habrían sido novedosos en eso. Nuevamente, abundaban las Administraciones Públicas que hace no más de tres años se apuntaban a esa moda creando carriles bus-vao para coches en los que había más de un pasajero. La parte cómica de estas normas estaba en que surgieron de la nada conductores que disfrutaban viajando con un maniquí en el asiento del copiloto.


Permite hacer todas las gestiones por la web. Pues tampoco Uber es novedoso en eso. Desde hace muchos años existen webs de empresas y asociaciones que permiten hacer uso de coches compartidos que, en ocasiones aunque no siempre, son un eufemismo de un servicio de transporte maquillado con una suave capa de gestión comunitaria. Algunos ejemplos son compartir.org, respiro car sharing, amovens, carpooling y muchas otras.


Entonces, ¿qué hay realmente novedoso en Uber? En mi opinión, dos cosas.


Primera: Mercado local de ámbito global

La cultura web ha cambiado muchos paradigmas de gestión. Por ejemplo, ha revolucionado el marketing mezclando las campañas de masas y las campañas one to one porque la cantidad de información que voluntaria o involuntariamente dejamos por la web permite que las empresas diseñen campañas completamente personalizadas no importando si el público objetivo son diez personas o mil millones.

La siguiente revolución parece ser la forma de abordar los mercados. Hasta ahora teníamos mercados de nicho y mercados globales. Es cierto que existían aplicaciones similares a Uber pero muchas de ellas eran de nicho, para una ciudad o incluso un país, con lo que una persona debía usar una app diferente dependiendo del lugar donde estuviese. Sin embargo, Uber da el siguiente paso y crea la aplicación a nivel global, es decir, uniendo infinitos mercados de nicho para crear un mercado global. Ya no hay una aplicación para los taxis de Bilbao, otra distinta para Nueva York y una tercera para Londres. Simplemente hay una app global. Es exactamente lo mismo que ha hecho airbnb con el alquiler de viviendas y la extrapolación futura a otros segmentos y mercados parece evidente.

Algunos le llamarán a esto globalización de servicios, muy en línea con la Directiva de Servicios del Mercado Interior de la UE pero aún a mayor escala.


Segunda: El poder de la movilidad

La movilidad es la herramienta que permite que todo esto sea posible. Uber no tendría ninguna opción si para poder reservar un taxi necesitásemos acceder a Internet por un medio de escritorio tal que un PC, porque la mayor parte de las veces que necesitamos un taxi estamos en la calle. Un negocio como Uber sería simplemente imposible hace tres años.

Los smartphones han roto esta barrera y Uber ha llegado en el momento exacto; su proyecto sí es movilizar (eufemismo de reinventar gracias a la tecnología) un negocio ya existente.


Y una consecuencia, la pérdida de referencia del valor de las cosas. La economía del regalo

Los usuarios de la web, y no solo las nuevas generaciones, se han acostumbrado a la economía del regalo según la cual algunas cosas son gratis pese a que tienen un evidente valor y por tanto un coste.

Lo curioso es que parece que esa cultura está calando más allá de la web, como si quisiera salir de la pantalla de nuestro dispositivo.

Uber crea un modelo de negocio que en cierta medida incentiva la desregulación del mercado al igualar al taxista que pasa una inspección técnica más exigente, paga una licencia, un seguro de responsabilidad civil e impuestos, con otro trabajador que no hace nada de todo eso. Y quizá la pérdida de referencia en el valor de las cosas esté detrás de todo ello.

Puede que este cambio sea pasajero y también puede que no, que sea realmente una tendencia. Mientras lo descubrimos parece razonable proteger a los trabajadores afectados por competencia no demasiado leal.

Pero al mismo tiempo no olvidar que los accionistas de referencia de Uber son Google y Goldman Sachs y que su última ronda de financiación es superior al valor en bolsa de Hertz y Avis juntas, lo que le da cierta credibilidad. Por eso también sería sensato prepararse para el supuesto de que la tendencia se consolide, fomentando y ayudando al sector tecnológico local para que pueda innovar y algo de esa nueva riqueza se quede aquí. No olvidemos que Uber se lleva el veinte por ciento de toda la facturación y que su mercado es global.


www.tonsofit.com


RSS

Radiografía de una eFactura



RSS

Los antecedentes:

    Factura electrónica
  • Cada año las empresas se intercambian a nivel mundial un total de 350.000 millones de facturas. A Europa le corresponden unos 30.000 millones de facturas.
  • El reparto es aproximadamente 50-50 entre B2C y B2B.
  • Por sectores, la Administración Pública es el mayor productor/receptor de facturas con un total del 15%.

Solamente con esas tres razones no debería haber administración pública que se resistiese a mecanizar el proceso de facturación porque la cantidad de trabajo manual es enorme y su coste más que evidente. Y sin embargo no ocurre, o no al menos con la contundencia que sería razonable.

Alguna desventaja debe tener la factura electrónica para que su implantación no sea masiva. Primero, un rápido paseo por las ventajas.


Ventajas

Fraude fiscal
Mejora en la detección de fraude. La eFactura permite cruzar la información de la factura con cualquier otra información disponible en los sistemas y todo en tiempo real.

Esto permite mejorar los ratios de detección de actividades sospechosas (fraude, evasión fiscal, morosidad,...) y no hay que perder de vista que la probabilidad de inspección y control es uno de los principales frenos -sino el mayor- al fraude o la evasión de capitales.

Quizá sea ésta la razón por la que algunas contabilidades aún se siguen haciendo con papel y pluma.

Mayor eficiencia. El Departamento del Tesoro de Finlandia estima que el coste global de procesamiento de una factura oscila entre 30 y 50 euros. Según sus estimaciones, automatizando el proceso por medios electrónicos, algo que Finlandia y otros muchos países ya han hecho, ese coste puede bajar a valores de entre 1 y 10 euros. Estos ahorros implican reducciones de cargas de trabajo manuales lo que, a su vez, además, permite una importante reducción de los plazos de procesamiento.

Facturas de papelMedioambientales. Teniendo en cuenta que una factura tiene algo menos de tres páginas como promedio, cada año se imprimen más de un billón (un uno y doce ceros) de páginas en el proceso de emisión. El coste energético para producir ese papel es mayor que el consumo de 150 millones de bombillas de 50W encendidas durante 24 horas. Y el consumo de agua necesario para la fabricación de esa cantidad de papel es superior a los 120.000 millones de litros. Como consecuencia de esto, la huella de carbono de una eFactura es aproximadamente tres veces menor que esa misma factura en papel (que algo de CO2 también generan las infraestructuras de TI).

Y otros algo más intangibles como la mejora de la calidad gracias a la automatización de procesos, la imagen pública de modernidad, la mejora de plazos, etc.


Inconvenientes

Multitud de plataformas. En 2012, solo en Europa, había más de 500 proveedores de factura electrónica cuyo objetivo era integrar la eFactura en los más de 10.000 ERPs existentes. Este gran volumen es por una parte positivo ya que gracias a él será posible, según las previsiones, que en el año 2017 la mitad de la facturación en el segmento B2B o B2G sea electrónica. Este gran volumen de proveedores de eFactura busca repartirse un mercado en el que el ratio de crecimiento en 2012 fue del 35 por ciento y en el que se espera que en los próximos años sea superior al 30%.

La contrapartida a esta diversidad de plataformas y proveedores viene en forma de enormes costes de integración. No ya porque haya diferentes formatos de factura electrónica, que los hay, sino porque el cumplimiento de estándares de cada proveedor cuando se baja a la arena es manifiestamente mejorable.

Resistencia al cambio. La factura, como documento mercantil, no ha variado mucho en los últimos [cientos de] años. No es un problema exclusivo de la eFactura pero, sin duda, todavía hay quien le ve cierto gusto a almacenar los documentos en carpetas de papel. Es un problema que irá progresivamente, y probablemente de forma rápida, a menos.

El uso de certificados. Esta es la madre de todas las batallas respecto a los inconvenientes y se refleja de forma muy gráfica y evidente en los datos de uso de las diferentes acepciones de facturación electrónica que ha publicado la UE.

% Factura electrónica procesada automáticamente
Fuente. INE. Percentage of all enterprises sending electronic invoices
Los datos que el INE facilita sobre 2012 indican que el 19,2% de las empresas realiza su facturación de forma electrónica. Pero de entre ellas, solo un 7,5% lo hace siguiendo los estándares legales basados en XML firmado digitalmente. En las antípodas se encuentran el 97,1% de las empresas que utiliza formatos no procesables de forma automática, básicamente ficheros PDF.

Partiendo de la base de que la generación de un documento PDF o un fichero XML es idéntica en complejidad ya que el ERP abstrae al contable de todas esas tareas (incluso Excel tiene plantillas gratuitas para generar ambos tipos de documentos), lo único que realmente difiere es que el XML de Facturae exige firma para ser validado y procesado automáticamente mientras que una factura electrónica en un PDF (que incluso que puede provenir de una factura en papel digitalizada) enviada por email no exige nada.

Está claro que una tiene validez jurídica y la otra no pero los porcentajes dan que pensar respecto a cómo los tecnólogos complicamos la vida a los usuarios cuando deberíamos hacer justo lo contrario.


El papel de la administración publica

El papel de la Administración Publica es fundamental y quizá por ello la UE está promoviendo el desarrollo de este mercado mediante la directiva 2011/7/UE con el objetivo puesto en 2020 haciendo obligatoria la eFactura, aunque en este caso centrando el objetivo fundamentalmente en el control de la morosidad. Parece razonable pensar que si la factura es aceptada automáticamente por los sistemas, sin capacidad de repudio para emisor y receptor, no existirá capacidad alguna para 'retenerla en un cajón'.

Lo mismo ocurre en Estados Unidos con la iniciativa federal del Departamento del Tesoro de julio de 2011 obligando a todos los proveedores a enviar la facturación de forma electrónica a partir de enero de 2013. Incluso han creado una plataforma común para la facturación electrónica de sus diferentes administraciones públicas.

Que lejos está Europa de iniciativas como ésta.

El sector publico esta sin duda en una situación excepcional para regular este proceso ya que tiene la capacidad normativa, al tiempo que interviene en el 15% de todos los procesos de facturación, casi siempre como cliente.

Son muchos los Gobiernos que ya han puesto fecha de caducidad a la facturación en papel haciendo obligatoria la factura electrónica. Entre ellos están Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Holanda, Brasil o Singapur entre otros. Los más grandes, como Estados Unidos y Bilbao, incluso han coincido en la fecha: 1 de enero de 2013... Como decía Unamuno, el mundo entero es un Bilbao más grande.


Enlaces relacionados

     › ¿Tenemos que elegir entre tecnología o ecología?
     › La oficina, ¿sin papeles o sin documentos?
     › DNIe, de impulsor a stopper


www.tonsofit.com


RSS

Hacia las e-Elecciones



RSS

Gran cantidad de papeletas electorales Algunos datos sobre las elecciones a las Cortes Generales de 2011:

  • Se imprimieron cerca de trescientos cincuenta millones de papeletas (339.968.831).

  • Junto con las papeletas se prepararon algo más de setenta y cinco millones de sobres (76.010.500).

  • Se habilitaron más de doscientas veinte mil urnas (221.179) en algo más de veintitrés mil colegios electorales (23.082), lo que hizo necesario casi un millón de manuales de instrucciones para los miembros de las mesas (912.860).

  • En torno a cien mil agentes de las diferentes Fuerzas de Seguridad fueron movilizados para garantizar la seguridad en el voto.


En total casi ciento veinticinco millones de euros (124.838.310) que, por ponerlo en perspectiva, supone casi el tres por ciento de toda la inversión del Estado en I+D para 2012.

Teniendo en cuenta todos estos datos, el coste de ir a votar fue de unos tres euros y medio por persona, que suben a más de cinco euros por persona si únicamente se tiene en cuenta a aquellos que de forma efectiva ejercieron su derecho al voto (abstención algo superior al 30%).

Está claro que el sistema no es barato y tampoco es neutral en la huella de carbono precisamente.


¿Es posible otra forma?

Son ya abundantes las referencias de países que realizan el proceso del voto de forma electrónica pero hay diferencias entre unos modelos y otros.

Máquina de votar
Algunos se basan en máquinas de votar ubicadas en los mismos colegios electorales donde antes estaban las papeletas. Este sistema mejora notablemente el proceso porque de un plumazo elimina el papel (cientos de millones de papeletas) y agiliza el recuento.

Sin embargo, toda la infraestructura necesaria para habilitar el sistema de voto (los colegios electorales, por ejemplo) y todas las restricciones del momento y el lugar (las elecciones se realizan en un día concreto e implican desplazamiento a un colegio electoral) le siguen siendo de aplicación.


¿El voto online?

La otra vía, la que probablemente tiene más futuro, pasa por Internet y las plataformas de voto online. Países como Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda o Estonia ya lo han puesto en marcha pese a que los críticos identifican en él tres problemas fundamentales:

  • Mayor número de puntos susceptibles de alteración fraudulenta del voto
  • Imposibilidad de repetir el recuento al no haber nada físico
  • Mayor riesgo de fallos en la privacidad de la información 

Probablemente algún devoto de lo 2.0 contestaría con un simple: si, es cierto, ¿y qué? Y algo de razón tendría porque negar lo digital a estas alturas sería tanto como no operar con el banco, ni con el supermercado, ni con las compañías de teléfono, gas o electricidad, ni con la propia Administración.

Voto por Internet
Pero también es cierto que eliminar el papel en este caso puede hacer sentirse incómodo a muchos ciudadanos.

Acercando posturas, ya hay referencias de cómo implementar un sistema donde los votos estén cifrados en origen con un certificado cuya clave privada -la que permite descifrar- esté bien custodiada (se mitiga el problema de la privacidad).

Que en el instante del voto generase un 'ticket' que el ciudadano recibiría en un SMS -o cualquier otro canal alternativo- para confirmar que se ha procesado y pueda ser verificado por el votante (se incide en el primer problema).

Y por último, donde los votos recibidos se almacenasen en un sistema de custodia digital en formato de documento no editable, incluso disociando el voto de la persona y siempre por el periodo de tiempo máximo que marque la Ley ante un posible recuento (se hace hincapié en el segundo problema).


Terminando

Tal vez pensar en una plataforma así basándola en la identificación de usuario/clave de Facebook sea banalizar demasiado el proceso (aunque esto no quita para que los mecanismos de gestión del censo tengan un margen de evolución importante) pero tampoco hay que empezar a construir desde cero.

Tenemos plataformas de certificados robustas e incluso hay mecanismos de identificación de doble canal (la banca online usa principalmente el SMS como canal de confirmación) que permiten identificar de una forma suficientemente fehaciente a la persona.

Y tenemos plataformas de custodia segura de documentos (Metaposta, por ejemplo) que podrían albergar el voto en el formato de documento elegido durante el tiempo necesario.

Tal vez la innovación sea más una cuestión de repensar el proceso que de tecnología en sí. Cuesta creer que haya que seguir imprimiendo cientos de millones de papeletas en cada ocasión.



Enlaces relacionados:

     › Tons of IT: Open Data no es una opción, es una necesidad
     › Tons of IT: Haciendo open data en modo low cost
     › Tons of IT: El extraño benchmarking de TI de las Administraciones Públicas



www.tonsofit.com


RSS

Open Data no es una opción, es una necesidad



RSS

Aún son muchas las Administraciones Públicas que ven la liberación de la información pública como una opción no prioritaria. Sin embargo, un rápido análisis de la realidad que está por venir haría que lo percibiesen como lo que realmente es, una necesidad. Estos son los tres argumentos que lo justifican:

  • Los presupuestos de las Administraciones Públicas están a la baja.
  • Las Administraciones no son precisamente un ejemplo de eficiencia en la innovación.
  • Las nuevas generaciones de ciudadanos exigen cada vez más tecnología en la vida cotidiana.


Respecto a los presupuestos no hay que decir gran cosa a cualquiera que haya estado en el planeta Tierra en los últimos cuatro años. Los presupuestos de las Administraciones, incluidos los referidos a TI, se reducen por efecto de la crisis y tal vez también porque hay una velada tendencia a aligerar la presencia de lo público.


La innovación en la Administración

Puede ser correcto que en ocasiones la Administración tome el testigo en ciertas áreas de I+D+i, fundamentalmente en aquellas en las que, siendo estratégicas, no hay ningún inversor privado interesado en ellas. Pero lo que no parece tener discusión es que las Administraciones Públicas, aún siendo eficaces, obtienen un menor rendimiento en innovación que las empresas privadas por cada euro invertido .

Solo dos ejemplos de I+D pública de Administraciones a las que se les supone eficacia y eficiencia.

La primera es la carrera por la secuenciación del genoma humano. A mediados del año 2000 Celera Genomics -una empresa privada- y National Human Genome Research Institute -una empresa pública- presentaron conjuntamente el manual que descifraba el genoma humano. Habían llegado al final del trabajo prácticamente al unísono. De hecho, muy al final decidieron unir fuerzas. Pero con una gran diferencia: Celera Genomics lo había hecho más rápido y por diez veces menos dinero que su homóloga pública.

El segundo ejemplo es referente a la NASA. En Mojave, un lugar que es a la industria espacial lo que Silicon Valley es a la de TI, están apareciendo empresas como Virgin Galactic -fundada por Richard Branson, dueño de Virgin-, SpaceX -fundada por Elon Musk, creador de PayPal-, Blue Origin -fundada por Jeff Bezos, padre de Amazon- o XCOR que trabajan para crear lanzaderas espaciales, hacer posible el turismo espacial o crear un puente aéreo entre la Tierra y otros planetas. Sus presupuestos son bastante menores de lo que la NASA necesita únicamente para la estructura de lanzamiento. Quizá por ello el transbordador Atlantis no haya tenido repuesto...

En el primer caso, la investigación pública estaba justificada para garantizar que ninguna empresa pudiera patentar el genoma humano, algo de consecuencias absolutamente impredecibles. En el segundo, la NASA tuvo su momento álgido cuando las inversiones eran tan extraordinarias que hacía los proyectos inviables para cualquier empresa privada, algo que ya no ocurre.

Pero si dos organizaciones públicas de perfil tan altamente innovador como estas han demostrado ser tan poco eficientes frente al sector privado, ¿se puede esperar una alta eficiencia en la innovación en organizaciones con perfiles más tradicionales?


Las nuevas generaciones

La irrupción de las nuevas generaciones -los nativos digitales- está provocando cambios a todos los niveles. En lo que respecta a la Administración, ésta tendrá que seguir desarrollando tecnologías para su consumo interno (para su propio funcionamiento) y ahora además tendrá que desarrollar tecnología para los eCiudadanos. Estos nuevos ciudadanos lo piden de hecho sin darse cuenta porque «si uno crece con una tecnología, no la considera tal. Simplemente está ahí» (Vint Cerf hablando de Internet).

Conceptos como el de SmartCity provocarán que las Administraciones tengan que hacer grandes esfuerzos inversores para dotar tecnología a todos los niveles de la vida cotidiana, desde la gestión inteligente -y eficiente- del consumo energético (consumo de edificios públicos, alumbrado de calles...) hasta la gestión smart de la ecología y calidad de vida (contaminación, alérgicos, ruido, recogida de basuras,...) pasando por la gestión eficiente de la circulación en las ciudades, transporte público, aparcamientos, etc.

Y todo ese esfuerzo inversor en innovación y nuevas tecnologías tendrá que hacerlo en una época de recortes presupuestarios y con unas estructuras internas que no son precisamente las más óptimas desde el punto de vista de la eficiencia innovadora.


Ergo...

Ese es el contexto en el que Open data puede ser una vía de escape. Liberar la información pública mediante estándares habilitará a empresas y particulares para desarrollar muchas de esas aplicaciones que los nuevos eCiudadanos utilizarán para mejorar su calidad de vida en las ciudades o incluso para ayudar a las Administraciones a ser más eficientes.

Hay un sector -el del transporte por las ciudades en sentido amplio- que es punta de lanza en todo este movimiento de Open data. La Administración puede hacer aplicaciones multi-plataforma (web, iPhone, Android, Windows Phone,...) para que los ciudadanos tengan información online sobre los medios de transporte, sobre donde aparcar, sobre cómo llegar,... o puede hacer accesible toda la información mediante estándares para que terceros (empresas y particulares) las creen.

Podría también liberar la ingente cantidad de información social, cultural, turística, sanitaria, económica,... de la que dispone con el objetivo de que otros le encuentren valor y creen nuevas aplicaciones. Esto permitiría a la Administración no tener que invertir para cubrir esos huecos.

Incluso podría liberar información sobre el pago de impuestos o solicitudes de licencias de todo tipo de forma que los propios ciudadanos hicieran de inspectores en la lucha contra el fraude. Puede parecer que algunas de estas iniciativas atentan contra la protección de datos de carácter personal (y sí, hay que tener las debidas cautelas) pero ya hay países que lo están poniendo en marcha como Italia o Noruega.

Lo más curioso de todo -o quizá no tanto- es que las Administraciones que comienzan a trabajar en este modelo son más eficientes, tienen un menor fondo de maniobra en tecnología y además se las percibe como más innovadoras (pese a que no desarrollan productos terminados sino servicios de base). Tal vez porque la innovación esté en permitir que otros lo hagan. Es todo un mundo por descubrir, quizá una nueva forma de entender la Administración Pública en la Red.


Enlaces relacionados:

     › Ejemplo de apertura máxima: Consulta el sueldo de cualquier noruego (para quien sepa Noruego).
    

Nota: únicamente con el objetivo de simplificar se incluye bajo el paraguas de Open Data la apertura de información de todo tipo, incluso modelos que encajarían más dentro de, por ejemplo, Gov Data u otros.

www.tonsofit.com


RSS

Haciendo open data en modo low cost



RSS

Mil seiscientos millones de euros y cinco mil puestos de trabajo.

Esa es la cifra de volumen de negocio y empleo que, según el Proyecto Aporta, generó durante 2010 el sector infomediario, entendiendo como tal al conjunto de empresas que generan aplicaciones, productos y/o servicios de valor añadido destinados a terceros a partir de la información del Sector Público.

Es decir, empresas que basan su modelo de negocio en información proveniente de modelos open data, de la apertura de datos públicos regulada por la Ley 37/2007.


Situación actual de los planes open data 

Hay una enorme cantidad de planes para abrir los datos públicos, casi tantos como Administraciones, y en muchos de los casos el modelo se basa en la creación de un portal adhoc que sirva como repositorio de los datos públicos en el ámbito de actuación de la Administración que lo pone en marcha.

Se trata de construir una aplicación -un portal de open data- que recolecte periódicamente la información desde el origen y la publique para su consumo por ciudadanos y empresas. Es una especie de agregador de noticias pero con información pública.

En este modelo la información no se consume directamente de la fuente primaria -es una copia de la información original- lo que, sin duda, no incide muy positivamente en la calidad del dato. Además, el trasiego de datos genera costes extras a la Administración, tanto para el paso periódico de datos en sí como para la adaptación de las interfaces cada vez que cambian las aplicaciones o bases de datos de origen. Eso, en el mejor de los casos en el que hay una fuerte coordinación interna en la Administración y el responsable del portal de open data es informado de que los datos de origen han cambiado -en calidad o formato-.


Un nuevo modelo low cost de dato abierto

La tecnología nos brinda la capacidad de hacer aplicaciones internas -de intranet- que a la vez pueden tener una cierta capacidad de visibilidad externa en Internet. ¿Y si se diseñasen las aplicaciones de la Administración de forma que expusieran los datos públicos por sí mismas? Con ese modelo, no harían falta los portales de open data porque todas las aplicaciones internas de la Administración expondrían su información (obviamente, solo la que sea pública).

De hecho, bien pensado, los servicios web (o el mecanismo que se determine para compartir la información) podrían reutilizarse de la base de los que la Administración ya está obligada a implementar para la interoperabilidad con otras Administraciones, siempre con las debidas cautelas de protección de la información, como es lógico.

Se obtendrían dos ventajas muy importantes.

  • Las administraciones públicas harían lo que Google denomina dog fooding, esto es, comerse su propia comida para perros. Si el dato no tiene utilidad para el consumo interno de la propia Administración, bien por el dato en sí o bien por el formato en el que se sirve, es más que discutible que el dato tenga validez para terceros.

    Hace unos días releía un interesante artículo de un colega que decía, aunque en otro contexto, lo siguiente: cuando decides dejar de hacer, y dedicarte sólo a pensar cómo se hacen las cosas, pronto descubres que la mejor forma de pensar es haciendo y si olvidas cómo se hace, pronto olvidas cómo se piensa. Si quien sirve el dato no es a su vez consumidor es enormemente complejo que lo sirva en un formato adecuado, simplemente porque no se sufrirá a sí mismo. De hecho, no cuesta demasiado encontrar portales públicos de open data con datasets que parecen estar pensados únicamente para hacer ruido mediático y llenar el portal y no para ser reutilizados.


  • Aumentaría la eficiencia y la calidad del dato ya que no habría copias de datos a terceros portales. El dato vendría en tiempo real de la aplicación interna de gestión por lo que, por pura necesidad de la Administración, el dato sería siempre cierto y el modo de generación sería el más eficiente posible.

    Este punto es especialmente importante ya que cuando los presupuestos para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones se recortan es probable que lo primero que se caiga sean las aplicaciones que no son core para el funcionamiento interno de la Administración. Las aplicaciones de open data estarán en el punto de mira para el recorte lo que provocará una espiral de desconfianza: ninguna empresa infomediaria en su sano juicio diseñará un modelo de negocio sobre información que podrá estar o no estar disponible de forma discrecional.

    Sin embargo, si la aplicación interna de gestión y la de open data son la misma no habrá presupuesto extra para su mantenimiento. El dato siempre estará disponible y al día sin coste adicional.



El objetivo del open data

La Administración debería centrarse mucho más en compartir toda la información pública disponible (tiene mucha en cantidad y calidad) y no tanto en la creación de portales para su publicación. Fundamentalmente, porque lo relevante es abrir cuanta más información mejor y no que ésta sea publicada en el portal de tal o cual Administración.

Nadie más que la Administración puede hacer pública su información pública (obvio) pero cualquiera puede hacer -incluso los propios infomediarios- portales de integración. Es más, Google -y otros- demuestran una vez tras otra que son mejores agregadores de información que la más eficiente de las Administraciones que pueda imaginarse.

Entonces, ¿por qué empezar la casa por el tejado anunciando portales de open data a bombo y platillo?

www.tonsofit.com


RSS

Crónica de un ataque



RSS

Desde hace ya algún tiempo, cada vez que leo sobre un ataque a un sitio web pienso en lo que deben estar pensando y sintiendo sus responsables.

Ahora, tras vivirlo en primera persona, creo que lo sé y hay tres reflexiones que me gustaría compartir.


1ª. ¿Cuánto cuesta un ataque?

Seguramente habrá quien piense que soportar un cíber-ataque por denegación de servicio basado en fuerza bruta resulta inocuo económicamente, pero nada más lejos de la realidad.

En primer lugar hay que valorar los costes energéticos. Hay una relación directa entre el consumo energético de los sistemas del datacenter y la carga que éstos deben soportar. La electrónica de red, los firewalls, los servidores de aplicaciones, los frontales web, los motores de base de datos, el almacenamiento y su consiguiente refrigeración consumen más y más energía a medida que aumenta la carga.

Y la cifra no es despreciable; un datacenter de tamaño medio consume en torno a 250.000 vatios/hora (por supuesto, muchísimo más si hablamos de grandes datacenters). Para poder entender la magnitud de la cifra, decir que es equivalente al consumo máximo de un edificio de viviendas de 20 plantas con 4 viviendas por planta. Cada minuto que el datacenter está al máximo de carga equivale a un importante incremento en la factura energética.

Pero aún siendo el gasto energético relevante, se queda realmente pequeño cuando se compara con los aumentos de potencia de TI para soportar hipotéticos futuros ataques.

Si en lugar de hablar de infraestructuras de TI se hablase de autopistas nadie en su sano juicio plantearía nuevas vías con cincuenta carriles para absorber la operación salida de verano. Como es de esperar, las infraestructuras de TI no se diseñan para soportar una carga infinita sino para soportar un número de veces limitado (5, 10, 20, ¿100?,...) la carga máxima estimada.

Y cada vez que se produce un ataque de denegación de servicio los responsables de la infraestructura atacada sienten la inmediata tentación de multiplicar por cinco la potencia de procesamiento disponible. Y esos aumentos de potencia suponen una inversión inicial enorme en hardware (decenas o centenas de miles de euros), otra a continuación en software (muchos sistemas basan su sistema de licenciamiento en la potencia de las máquinas), y otra última en forma de mayor consumo energético.

Y lo peor de todo: habrán construido su particular autopista de cincuenta carriles con el coste que ello supone pero ni aún eso les garantiza salir airosos del siguiente ataque.


2ª. Atacar un sitio web es muy similar a atacar una oficina tradicional

Algunas empresas no tienen presencia física, son ciento por ciento virtuales. Otras muchas tienen una parte importante de su negocio depositada en el éxito de su sitio web. Para ellas tener su sitio web fuera de línea puede suponer importantísimos costes económicos, bien sea por falta de ventas, por daños a su imagen pública u otros.

En el caso específico de una administración pública, y más en el de un ayuntamiento por ser la administración más cercana al ciudadano, su sitio web es algo muy similar al mobiliario urbano. Su web, construida con dinero público, permite la tramitación administrativa de ciudadanos y empresas, pero también permite otras cosas mucho más terrenales como reservar una pista de tenis o baloncesto para el día siguiente, renovar un préstamo de un libro en su biblioteca, consultar la agenda cultural de su ciudad,... En definitiva, constituye lo que podría llamarse el cíber-mobiliario urbano.

Sin embargo, la percepción ciudadana y mediática es muy diferente frente a hechos razonablemente similares. Se responde de forma muy diferente al hecho de quemar un contenedor de recogida de basuras y al ataque de un sitio web pese a que ambos suponen una merma de servicios ciudadanos y tiene un importante coste para las arcas públicas.

La legislación norteamericana habilita el uso de fuego real para responder a cíber-ataques, lo que a todas luces parece excesivo pero también es anormal el que los ataques a sitios web se publiquen en las redes sociales con absoluta impunidad. En algunos casos se pueden leer tweets que claramente incitan al ataque, en ocasiones incluso lanzados desde cuentas de Twitter asociadas a empresas.


3ª. El término cíber-activista

La última reflexión que considero relevante es la cobertura que los medios de comunicación dan a los cíber-ataques y más en concreto a quienes los realizan. Éstos son denominados cíber-activistas, posiblemente, en la búsqueda de similitud con los jóvenes de principios del siglo XX que viajaban a otros países para participar en guerras. Lo hacían únicamente por ideología, algo que, probablemente, terminó con la segunda guerra mundial.

Y es cierto que participan personas de todos los lugares. Cuando se geolocalizan las direcciones IP del ataque (los ataques actuales rara vez utilizan equipos zombies, por lo que suelen ser direcciones IP reales) se observa que muchos accesos provienen de lugares que nada tienen que ver con el problema que origina la protesta. Es decir, hay una cierta carga solidaria o ideológica similar a la de los jóvenes de principios del siglo XX.

Sin embargo, hay algo que falla en la denominación de cíber-activista. Si se da por buena la segunda reflexión, la de equiparar los cíber-ataques con los ataques a instalaciones reales, por reducción a lo absurdo habría que considerar activista (sin el prefijo cíber) a quien destruye mobiliario urbano o cristaleras de locales comerciales durante las manifestaciones. No tengo claro que la opinión pública esté tan de acuerdo con esto porque, probablemente, un ciber-activista es otra cosa.


Die endgültige

Internet y las redes sociales son en sí mismas una enorme oportunidad para igualar la potencia y capacidad de llegada del mensaje de las grandes corporaciones con el de las pequeñas asociaciones o incluso con el de las personas individuales, tanto en cantidad y calidad; Wikileaks es un claro ejemplo de ello. Pero mal vamos si se confunde esa potencia con la capacidad de realizar impunemente en el mundo cíber cosas que en el mundo real serían claramente punibles.



Enlaces relacionados:

     › Seguridad TI: ¿hemos perdido la batalla?
     › 8 lecciones de TI aprendidas con Wikileaks



www.tonsofit.com


* Nada de lo aquí expuesto juzga en modo alguno la razón -o su ausencia- para protestar contra medidas de empresas o instituciones que se consideren injustas. Lo único que analiza es si los cíber-medios para canalizar la protesta son adecuados.


RSS

El extraño benchmarking de TI de las Administraciones Públicas



RSS

El benchmarking es, posiblemente, una de las mejores herramientas para conseguir mejoras en el funcionamiento de cualquier organización, pública o privada. Y aún más en el caso de las públicas que, por su propia idiosincrasia, no están sometidas directamente al rigor del día a día del mercado*.

En ese escenario, compararse con otras Administraciones puede ser un excelente mecanismo para medir la calidad y cantidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

Pero para que los resultados sean válidos es imprescindible que los elementos a medir sean relevantes (Perogrullo dixit).



La Administración Pública y el benchmarking de TI

A mediados de Julio la Fundación Orange presentaba su informe anual sobre la Sociedad de la Información y como anexos al informe se facilitaban dos documentos sobre los servicios públicos online en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. La información de los anexos es realmente relevante para conocer la situación de cada Administración dentro del mapa global pero, ¿es apropiado lo que se mide?

El informe asocia un mayor desarrollo de la sociedad de la información en la Administración con el número de procedimientos administrativos disponibles online lo que, en principio, podría parecer correcto. A fin de cuentas, llevando las TI al mundo real, sería razonablemente equivalente a comparar el nivel de infraestructuras de un país en base al número de kilómetros de autopistas, aeropuertos o líneas de tren de alta velocidad. Así, el informe asigna la máxima puntuación a quien mantiene online los 20 procedimientos seleccionados.

Pero hay algo que se está pasando por alto: el nivel de utilización de las vías telemáticas para relacionarse con la Administración es realmente ínfimo.

El gráfico adjunto -extraído de los datos del informe- muestra a las claras que muchos de los trámites analizados tienen un nivel de aceptación menor del cinco por ciento.

Volviendo al símil del mundo real, esto sería equivalente a que se construyesen enormes autopistas por las que apenas circulase algún coche y además se premiase a quienes más infraestructuras de este tipo pusieran en marcha. Probablemente, alguien se cuestionaría si eran necesarias.


¿Qué prefieren los ciudadanos?

Los ciudadanos muestran claramente su predilección por el canal presencial relegando al canal telemático a un porcentaje realmente pequeño, en ocasiones prácticamente comparable con el vetusto y con imagen de poco techie canal telefónico.

Es muy significativo que incluso en la pura obtención de información, algo en lo que la Web es especialmente potente, el ciudadano prefiera el canal presencial frente al telemático con una diferencia del cien por cien.

Ante estas evidencias, ¿no sería razonable añadir a los parámetros del benchmarking alguna referencia al éxito en la utilización por parte de la ciudadanía, al rendimiento por euro invertido o cualquier otro indicador que permita medir de verdad el estado de la sociedad de la información en las Administraciones Públicas? Valorando parámetros adicionales se obligaría a las Administraciones a analizar las causas del bajo éxito a fin de mejorar los niveles de utilización y satisfacción. En definitiva, se podría medir la calidad además de la cantidad.

Se han hecho enormes esfuerzos para poner online una parte muy importante de la tramitación administrativa pero algo se está pasando por alto si la ciudadanía no utiliza estas nuevas herramientas. Algunas de las razones son: (a completar entre todos).

www.tonsofit.com


RSS

El software ¿y la democracia?



RSS

Hace unas semanas, en Microsoft: el mayor impulsor del software libre, se analizaban los orígenes del software libre, su vertiginoso crecimiento y como el vacío creado en el mercado fue aprovechado por un nuevo agente, la comunidad, para crear un retador creíble frente al establishment.

Después, en Y el software libre se hizo negocio... se analizó la situación actual del software libre, un mercado formado casi en exclusiva por empresas que se abrazan a este tipo de software por diferentes razones, todas ellas unidas por un denominador común: Business is business.

Hoy toca hablar sobre la miopía de algunas administraciones públicas a la hora de lanzar proyectos basados en software libre, bien sea para crear un sistema operativo con el que parecen querer competir con los grandes fabricantes del software, bien para reservar partidas económicas para consumo exclusivo en software libre o bien para lanzar oficinas de apoyo o impulso a este tipo de software. Intentaremos demostrar como lejos de ayudar, hacen un flaco favor a su impulso real en la sociedad, porque no hay nada peor para cualquier producto o servicio que hacerle crecer de forma artificial sin enfrentarle a la competencia de los Mercados.

El doble papel de la Administración frente al software libre

El papel de las administraciones públicas frente al software libre debe medirse desde dos puntos de vista completamente diferenciados. En primer lugar, el obvio, el de su uso a nivel interno. Debe analizarse su comportamiento ante él en términos de coste total de propiedad y aportación de valor tal y como lo haría una corporación privada. En segundo lugar debe analizarse su postura (apoyo, rechazo o no interferencia) desde una perspectiva institucional.

Vayamos con el primer punto que es el más simple. Cabe pensar que no hay razón aparente para que las administraciones públicas tengan un comportamiento frente al software libre diferente al que pudiese tener una compañía privada. En ese sentido, deben medir este tipo de industria de acuerdo a los mismos parámetros, valorando el software en función de su coste total y aportación de valor y no de su procedencia, si bien es posible que añadan algún parámetro adicional.

Un ejemplo de parámetro adicional es el apoyo a las lenguas minoritarias. Qué duda cabe que una compañía de TI no tendrá demasiado interés en traducir sus productos a lenguas minoritarias cuando el esfuerzo para hacerlo resulte superior a la rentabilidad esperada. Eso parece lógico, siempre y cuando el interés y la rentabilidad atiendan a parámetros puramente económicos. Pero ¿qué ocurre cuando la comunidad de software libre dice que sí está dispuesta a traducir a esos idiomas sus productos equivalentes?

Cuando eso ocurre y la Administración en cuestión amenaza con cambiar a productos de software libre sucede que, súbitamente, los grandes fabricantes de TI muestran un enorme interés por las lenguas minoritarias. La competencia hace que los mercados evolucionen.

Volviendo de nuevo a la cuestión esencial, las Administraciones Públicas, cuando se trata de su uso a nivel interno, deberían tratar al software libre como a un competidor más, midiendo las ventajas y desventajas de su uso tal y como lo haría la empresa privada. En palabras de la Ley de contratos del sector público, dando prioridad a la opción más económicamente ventajosa que, tal y como indica la propia Ley, no es necesariamente la más barata sino la que tiene una mejor relación calidad-precio.

Posición institucional frente al software libre

Parece obvio que no hay razón para rechazar institucionalmente al software libre. Resultaría extraño que una administración pública rechazase una nueva forma de industria. Por tanto, la cuestión se centra en si debe impulsarlo o debe ser neutral. Para ello, se analizarán las potenciales ventajas desde el punto de vista de creación de tejido industrial y aumento de las inversiones locales, la balanza comercial con el exterior y la percepción de mayor democracia y libertades.

La mayor parte de las grandes compañías de software plantean modelos según los cuales ellas ponen el software y el conocimiento del producto a alto nivel dejando a los integradores locales el trabajo de adaptación, implantación y mantenimiento. Este es el modelo de compañías como, por ejemplo, IBM, HP, SAP, Oracle o Microsoft que rara vez compiten en proyectos con los integradores locales. Con ello consiguen centrarse en lo esencial –su producto- cuidando y protegiendo al mismo tiempo el negocio de los integradores que les hacen la labor comercial frente a sus potenciales clientes. Se consigue así una simbiosis entre fabricante e integrador que parece ser de interés para ambos.

En el caso del software libre a nivel empresarial el modelo es exactamente el mismo e incluso aún más potenciado. Por tanto, desde el punto de vista de aumento del tejido industrial e inversiones no parece haber grandes diferencias respecto a cuál de los dos modelos es mejor. Ambos trabajan con integradores que crean empleo y tributan localmente. Lo sé, lo sé, las licencias no tributan localmente pero seamos pacientes que ahora vamos con ello.

En cuanto a las licencias cabe analizar la balanza de pagos frente a los países donde residen las compañías de software. Es obvio que en disposición de escoger cualquiera elegiría no tener que hacer frente a pagos exteriores dado que esto mejoraría la balanza comercial con esos países que, en el caso de la industria del software, son principalmente EEUU y algún país europeo –Alemania y Reino Unido- a una enorme distancia.

La historia está repleta de casos en los que un bloqueo fronterizo resulta de interés en el corto plazo pero realmente nefasto en el medio y largo. Potenciar el software libre por el mero hecho de no empeorar la balanza de pagos (asumamos en este supuesto que el software comercial es de mayor calidad) provocaría inevitablemente un corralito tecnológico (en referencia al corralito financiero argentino) en la medida en que las empresas locales tendrían acceso a peor tecnología que las exteriores.
Esta forma de actuación, en una economía globalizada, provocaría una espiral de empeoramiento tecnológico que mermaría la productividad global de la zona de influencia de la administración pública. Sería una muy curiosa forma de generar tejido industrial la de esa Administración, porque desarrollo tecnológico y productividad están absolutamente relacionados. Si se dispone de peor tecnología se están sentando las bases para una peor productividad, ergo peor competitividad con las empresas extranjeras, ergo se va directo al abismo.

Pero, sin ser poco lo anterior, aún hay más. Primar un determinado producto o servicio en función del lugar de su producción y no en función de su calidad es una forma muy sutil de control arancelario. En ese sentido, dejando de lado el hecho de que podría no estar conforme a las normas internacionales sobre libre comercio, ni a la Directiva que regula la libre circulación de bienes y servicios en la UE, ni a la Ley que regula la contratación en el sector público (LCSP) y no valorando tampoco el hipotético empeoramiento tecnológico indicando anteriormente, la historia demuestra que la política de no importar es también una política de no exportar. Uno de los teoremas más importantes de la Teoría del Comercio (Abba Lerner, 1936) demostró que el gravamen sobre las importaciones es exactamente equivalente al gravamen sobre las exportaciones. En ese sentido, la decisión de primar un determinado software en función de su producción interna no beneficia en modo alguno al conjunto del PIB visto de modo global. Nuevamente, curiosa forma de generar riqueza la de esa Administración.

Finalmente, se llega a la cuestión por la que, desgraciadamente, con mayor frecuencia aparece el software libre en los medios de comunicación: líderes políticos esgrimiendo el aumento de la democracia tecnológica asociado al software libre. A modo de ejemplo se incluye este link sobre software sostenible y democrático (ahí es nada) como muestra de despropósito mediático. Se cita un enlace pero se cuentan por toneladas en Internet; propongo la búsqueda "software democracia" si se tiene tiempo libre para leer absolutos sinsentidos.

La cuestión de fondo es dilucidar si es lícito usar los derechos de copyright como medio para garantizar el negocio. Si en lugar de software se hablase de terrenos resultaría escandaloso negar el derecho a la propiedad privada. Bien es cierto que hay una diferencia fundamental entre un terreno y el software: si alguien cede, vende o regala un terreno deja de tenerlo. Sin embargo, si alguien cede, vende o regala un software ambos lo tienen. Maximizando este razonamiento de que lo intangible no puede tener derechos de propiedad han proliferado líderes políticos y sociales que abanderan el software libre como una nueva forma de democracia.

En un elevado número de ocasiones –aunque por supuesto no siempre es cierto- estos líderes trabajan en regiones sin pasado tecnológico que habitualmente corresponden a zonas no precisamente en la cúspide de la renta per cápita. Y hay varias explicaciones para que esto sea así. La primera es que todos esos lugares no parten de una potente infraestructura de TI previa y por tanto los costes de arrastre en el caso de una migración (afectan y mucho al TCO) son prácticamente inexistentes. La segunda es que no disponen de músculo financiero para abordar fuertes inversiones en TI y ven en el software libre una forma de iniciar el trayecto. Y la tercera, y preocupante, es que intentan buscar réditos mediáticos asociando el software libre a un aumento de las libertades.

Pongamos un ejemplo: la Junta de Extremadura. Su decidida apuesta por las tecnologías de software libre, vendidas políticamente a bombo y platillo como una nueva forma de entender la sociedad en la que el ciudadano tendría mayores cotas de libertad y democracia, no se han visto adecuadamente correspondidas a tenor de las cifras ofrecidas por varios organismos del Estado. En concreto, se encuentra a la cola de indicadores como el número de patentes, empresas y personas ocupadas en sectores de alta tecnología, número de doctorados o inversión en I+D.

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Estadísticas de Propiedad Industrial.

Fuente. INE. Ocupados en sectores de alta tecnología por Comunidades Autónomas y sectores

Fuente: INE. Principales indicadores de I+D en los sectores de alta tecnología por Comunidades Autónomas, tipo de indicador y total / %

Es decir, la decisión de fomentar el software libre no se acompañó de un plan real para potenciar la tecnología, lo que, en la práctica deja el discurso inicial en algo bastante cercano al simple juego político.

Como añadido, resulta cuando menos curioso que el tejido industrial de Extremadura no haya seguido la línea emprendida por sus dirigentes a tenor de los datos del INE, donde se muestra que las empresas Extremeñas, en clara contraposición a sus líderes políticos, no son demasiado proclives al uso del Linux. En esta comparativa Extremadura es la Comunidad Autónoma con menor presencia de Linux en las empresas y es tan solo superada en orden descendente por Castilla-La Mancha.

Fuente: INE. Variables de uso de TIC (a enero de 2008) por comunidad autónoma

¿Cabría entonces preguntarse si los empresarios extremeños no han sabido ver ni entender las enormes ventajas asociadas al uso de Linux tal y como fueron anunciadas por sus dirigentes?

Tras el análisis de estos indicadores cuesta pensar que el software libre traerá más libertad y democracia a los ciudadanos de Extremadura tal y como aventuraban algunos de sus líderes políticos hace tan solo unos años.

Por el contrario, otras administraciones optarán por soluciones de software comercial y no por ello se le deberá dejar de exigir el mismo respeto a los estándares. Independientemente de la tecnología con la que esté desarrollada la solución, el usuario, en este caso el ciudadano, deberá tener la libertad para acceder a los sistemas de la e-Administración con las herramientas –Open Source o no- que él libremente decida. Es decir, independientemente de que la solución esté basada en tecnología de IBM, Microsoft, SAP, Oracle o de cualquier otro fabricante, el usuario deberá ser libre para decidir si su conexión se realiza con Internet Explorer, Firefox, Chrome o lo que él soberanamente decida.

Ambas alternativas, la de optar por una plataforma de software libre como la de optar por una plataforma liderada por una empresa tradicional, tienen la misma validez siempre que ambas hayan sido tomadas en base a argumentos técnicos y económicos y no a supuestos ideológicos.

Parece claro, por tanto, que las Administraciones Públicas deben tratar de ser neutrales en este mercado, sin favorecer ni perjudicar al software comercial ni al software libre que, en definitiva, no ha de olvidarse, es una forma diferente de industria -soportada por empresas- del software.

Conclusiones

Para su despegue definitivo es preciso que las decisiones respecto a la implantación del software libre se separen de forma inequívoca de cualquier razonamiento que no tenga su fundamento en la excelencia técnica, en la eficiencia y en el alineamiento estratégico con las empresas. Y para ello es preciso desmarcarse de ideologías que no hacen sino sembrar dudas en un mercado –el de la informática corporativa- poco dado a aventuras frente a tecnologías probadas y maduras salvo que las ventajas para el negocio sean incuestionables.

El software libre es un negocio apoyado por una nueva forma de industria que debe ser medido de acuerdo a los parámetros habituales de rentabilidad. Eliminar esa ilógica relación entre ideologías –cualesquiera que sean- y software permitirá eliminar esa aureola underground que aún hoy le rodea. Esto, sin duda, hará que muchos directores de sistemas valoren el software libre de calidad, que lo hay y mucho, por lo que realmente es importante: su calidad. Y el software libre que no sea de calidad –que también lo hay- simplemente desaparecerá. Exactamente igual que lo que ocurre con el software comercial.

La Administración debe garantizar la libre decisión del ciudadano a la hora de elegir software libre o comercial. En ese sentido, los sistemas de la próxima e-Administración deben ser totalmente compatibles con, por ejemplo, los navegadores Firefox, Internet Explorer, Chrome o cualquier otro que irrumpa en escena y tenga un porcentaje de mercado significativo. Igualmente, la documentación debe ser intercambiada en formatos de herramientas ofimáticas soportadas por estándares de mercado cuando sean de aplicación.

Sin embargo, este principio no es de aplicación cuando de lo que se trata es de definir la tecnología con la que dichos sistemas de e-Administración deben ser construidos. En ese caso, cada Administración, en función de sus necesidades tecnológicas y de las herramientas que el mercado en sentido amplio ponga a su disposición, deberá seleccionar la solución que mejor se adapta a sus planteamientos. Y la elección no debería estar basada en si el software es libre o no sino en qué software es el más adecuado técnica y económicamente en cada caso. Por ello se debe dar a, por ejemplo, Linux, Firefox, Chrome, OpenOffice o MySQL el mismo trato que se dispense a AIX, HP-UX, zOS, Windows, Internet Explorer, Office, Oracle o DB2.

Sería deseable que el software libre dejase de ser utilizado como sinónimo de Administración más abierta, más accesible o más democrática dado que relacionar ambos conceptos tiene bastante poco rigor. La presencia o ausencia de ésta -una Administración y una sociedad abiertas, accesibles y democráticas- poco o nada tiene que ver con la presencia o ausencia de un tipo de software en concreto. La tecnología, buena o mala, difícilmente crea mayores cotas de libertad o democracia. Es la utilización de esa tecnología por parte de las personas la que hace aumentar o disminuir los niveles de bienestar social; y mezclar ética con tecnología es un cóctel complejo de gestionar. Por tanto, no parece apropiado continuar con el discurso respecto a si es más ético utilizar software libre o no libre o si la Administración debería primar a uno u otro.

Re-conclusiones

En este post, más incluso que en anteriores, he intentando ser absolutamente respetuoso con todas las ideas. No obstante, estoy convencido de que habrá quien lo interprete como un ataque al software libre. A todos ellos les pediría que vuelvan a leerlo con un poco más de atención y en su caso repasen dos lecturas previas en Microsoft: el mayor impulsor del software libre y Y el software libre se hizo negocio...
Si después de eso siguen considerando que es un ataque al software libre les pido disculpas porque no era esa mi intención y de ser así no he conseguido expresarme con la suficiente claridad.

La idea final es que potenciar el software libre de forma artificial por razones políticas es un curiosa forma de hacerle daño porque tan pronto como el interés político y su foco mediático desaparezcan (y tarde o temprano lo harán) entrará en caída libre. Los dirigentes políticos deberían potenciar siempre la mejor tecnología que esté al alcance (si es libre perfecto y si no lo es también perfecto) porque será esa la forma de aumentar la productividad y con ello la riqueza y bienestar social de su área de influencia. Es decir, las decisiones técnicas deben estar basadas en los mismos criterios que siempre han sido de relevancia: los criterios técnicos. La cita es, nuevamente, de nuestro buen amigo Perogrullo.

RSS

Los contenidos de Tons of IT están sujetos a licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 salvo donde se indique lo contrario.